Señala que está dentro de sus facultades:
La fiscal adjunta Lady Chinchay Pizarro, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, explicó públicamente a través de un video difundido en la página oficial de Facebook del Ministerio Público del Santa los motivos legales que sustentaron su decisión de aplicar el principio de oportunidad al ciudadano Antonio Casana Alencastre, quien fue intervenido por conducir en estado de ebriedad en Nuevo Chimbote.
La magistrada detalló que el intervenido fue sindicado por el presunto delito de conducción en estado de ebriedad, tras arrojar 1.60 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal permitido (0.5 g/l). Casana fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia, donde se realizaron las diligencias correspondientes, como la declaración del imputado y el examen de dosaje etílico.
Lady Chinchay señaló que, con el respaldo del fiscal provincial titular Paulino Aliaga Gonzáles, se optó por una salida alternativa al proceso penal. “Esta persona contaba con todos los requisitos que exige la ley: no tiene antecedentes penales ni ha sido beneficiado anteriormente con un principio de oportunidad”, declaró.
No obstante, reconoció que el artículo 446 del Código Procesal Penal Peruano establece que, en casos de flagrancia por manejo en estado de ebriedad, el fiscal debería solicitar un proceso inmediato para que el imputado sea sancionado por un juez de forma célere. Sin embargo, argumentó que el artículo 2, inciso 9 del mismo Código, aún vigente, otorga facultades discrecionales al fiscal para aplicar una salida alternativa, siempre que se haya reparado el daño ocasionado.
En ese sentido, precisó que Casana Alencastre pagó la reparación civil en su totalidad (20 % de una UIT), además de los costos administrativos del proceso, por lo que se decidió no continuar con el proceso penal.
Frente a las críticas por esta medida, la fiscal Chinchay Pizarro aseguró que su actuación fue conforme a ley y en estricto respeto de los principios constitucionales. “No se ha vulnerado ningún derecho ni se ha actuado al margen del marco legal vigente”, enfatizó.