Por : Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En el Perú, la necesidad de formalizar a miles de trabajadores mineros que llevan años operando en la sombra es innegable. No se trata solo de un tema económico: es una deuda social, una cuestión de justicia e inclusión. Pero cuando se quiere corregir un problema histórico con fórmulas apresuradas y sin criterios técnicos, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el predictamen que pretende regular a la pequeña minería, la minería artesanal y lo que ahora llaman “minería tradicional”. Lo que se presenta como una solución para integrar a los excluidos, corre el riesgo de convertirse en la mayor legitimación de la minería ilegal que hayamos visto en años.
Uno de los puntos más cuestionables del texto es la creación del RENAPMAT, un nuevo registro que, en la práctica, permitirá que operadores suspendidos del anterior REINFO ingresen nuevamente al sistema sin mayor evaluación. No se exige experiencia técnica, ni controles previos, ni verificación ambiental. Basta con presentar un DNI, un RUC y unas coordenadas. Así de fácil. No es exagerado decir que esto normaliza la informalidad y convierte el registro en una puerta abierta a la ilegalidad con rostro legal.
Pero hay algo aún más delicado: el predictamen plantea eximir de responsabilidad penal a quienes se inscriban en este nuevo registro. Esta medida va directamente contra una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, que dejó muy en claro que no se puede liberar de sanciones penales a quienes operan fuera del marco legal, por más que se encuentren en proceso de formalización. Es decir, el Congreso estaría legislando contra una decisión del máximo intérprete de la Constitución. Eso, sencillamente, es inadmisible.
A estos problemas se suman otros riesgos que no pueden pasarse por alto. Por ejemplo, el proyecto debilita los controles ambientales al permitir que los estudios de impacto no sean elaborados por consultoras acreditadas. También reduce el rol de SUCAMEC en el control de explosivos, lo que abre la posibilidad de que estos materiales caigan en manos no reguladas. Y por si fuera poco, se permite validar documentos de compra sin trazabilidad como comprobantes válidos, facilitando con ello la evasión fiscal y el encubrimiento del origen del mineral.
Todo esto, bajo la bandera de la inclusión, compromete principios esenciales del Estado de derecho, la institucionalidad ambiental y tributaria, e incluso la seguridad nacional. Porque formalizar no es simplemente aceptar al informal como está. Es acompañarlo en un proceso con reglas claras, metas exigentes y responsabilidad compartida.
Porque sí, formalizar a la MAPE es una necesidad urgente. Pero hacerlo sin responsabilidad, sin estándares mínimos, sin respeto a la ley, solo agrava el problema. Lo convierte en estructura y no en excepción. Y quienes hoy impulsan este predictamen, quizá con buena intención, terminarán siendo parte del problema si no escuchan las advertencias.
Este es un momento clave. El país necesita decisiones valientes, pero también técnicamente sólidas. La inclusión no puede ser sinónimo de impunidad. Y la formalización, para ser real, debe construirse sobre legalidad, sostenibilidad y equidad. De lo contrario, lo que parecerá un triunfo social será, en realidad, una claudicación del Estado.