Extorsión en Áncash:
En los últimos cinco años, Áncash ha visto cómo la extorsión ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza directa y cotidiana. Según datos oficiales, las denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes en la región se han triplicado entre 2019 y 2024, al pasar de 17.8 a 50 casos. Si bien esta tasa todavía se encuentra por debajo del promedio nacional (64.7), su acelerado crecimiento debe encender todas las alarmas.
La extorsión no solo golpea la economía de comerciantes, transportistas y pequeños empresarios; también hiere la confianza colectiva, debilita la autoridad del Estado y alimenta una cultura del miedo. En muchos casos, las víctimas optan por no denunciar, ya sea por temor a represalias o por desconfianza en que las autoridades logren protegerlos. Esta espiral de silencio y desprotección solo favorece a las organizaciones criminales.
Uno de los factores que agrava esta situación es la limitada capacidad de respuesta del Estado. Aunque la región tiene una dotación policial similar al promedio nacional (394 efectivos por cada 100 mil habitantes), más del 40% del parque vehicular de las comisarías se encuentra inoperativo. A ello se suma un presupuesto para seguridad que, a pesar de un leve repunte en 2025, aún está 23.8% por debajo de los niveles de 2019. Es decir, enfrentamos un crimen en expansión con menos recursos que antes.
El panorama se torna aún más preocupante al observar que solo el 48.2% de las comisarías en Áncash participan en patrullaje integrado con los serenazgos municipales. Sin coordinación ni estrategia común, se pierde eficacia, se duplican esfuerzos y se dejan zonas desprotegidas. La fragmentación de la respuesta frente al delito es, en sí misma, una forma de debilidad institucional.
Frente al crecimiento de la extorsión, no podemos permitir que el miedo se normalice ni que las autoridades se resignen. Es urgente fortalecer las capacidades de investigación criminal, impulsar sistemas de patrullaje inteligente, reforzar los canales de denuncia anónima y, sobre todo, cerrar filas entre Policía, municipios y ciudadanía. La articulación interinstitucional ya no es una opción: es una necesidad impostergable.
Además, se requiere voluntad política para movilizar mayores recursos, incluyendo la promoción de Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP), como mecanismos alternativos para reforzar la infraestructura y el equipamiento policial.
La extorsión se expande cuando el Estado está ausente o débil. Áncash tiene la oportunidad de revertir esta tendencia, pero solo si se actúa con decisión, coordinación y visión de largo plazo. De lo contrario, el crimen organizado terminará imponiendo su ley en nuestras calles y mercados.