El caso Patricia Benavides y el derecho al debido proceso
Por : Fernando Zambrano O.
Analista Político
La reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que repone a Patricia Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación nos recuerda un principio fundamental del derecho: cuando un acto administrativo es declarado nulo, las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de ese acto. Este poder restaurador no es un capricho ni una decisión política, sino la forma en que la justicia corrige errores y protege derechos vulnerados.
Para entender mejor este principio, basta con pensar en situaciones cotidianas que afectan a personas comunes. Por ejemplo, imagine un servidor público que fue destituido por un acto administrativo que luego se declara nulo por falta de debido proceso. En ese caso, la autoridad debe restituirlo en su cargo y pagarle las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo fuera de sus funciones, porque el acto que lo separó del puesto nunca debió existir. Esto no solo es justo, sino que también protege la estabilidad laboral y la dignidad del trabajador.
Otro ejemplo sensible es cuando un profesor contratado por una entidad pública es separado de su cargo mediante un procedimiento irregular. Si un tribunal declara la nulidad de ese acto, el profesor debe ser reincorporado a su puesto y recibir el pago correspondiente por el tiempo en que estuvo injustamente separado. Esta restitución garantiza que las personas no sean víctimas de decisiones arbitrarias y que se respeten sus derechos laborales y humanos.
En el caso de Patricia Benavides, la JNJ aplicó este principio para corregir un procedimiento disciplinario que, según el Tribunal Constitucional, vulneró el debido proceso por la celeridad inusual y la falta de garantías. La restitución de su cargo no significa que se le declare inocente, sino que se reconoce que su destitución fue inválida y que debe continuar en sus funciones mientras se resuelven los procesos pendientes.
Algunos critican que la JNJ no tenga competencia para reponerla como Fiscal de la Nación, ya que ese cargo se elige entre los Fiscales Supremos Titulares. Sin embargo, restituir un derecho interrumpido no es lo mismo que designar arbitrariamente a alguien. La JNJ simplemente devuelve la situación al punto anterior a un acto nulo, protegiendo derechos y evitando daños irreparables.
Este poder restaurador es vital para la confianza en nuestras instituciones. Sin él, cualquier acto irregular podría causar perjuicios irreversibles, erosionando la seguridad jurídica y la justicia. La restitución no es un privilegio, sino un derecho que garantiza que la ley se respete y que nadie sea privado de sus funciones o derechos sin un proceso justo.
En definitiva, cuando la justicia retrocede para corregir errores, en realidad está dando un paso adelante hacia un sistema más justo y confiable. La restitución de Patricia Benavides es un recordatorio de que el respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica debe estar por encima de intereses momentáneos o políticos. Solo así construiremos un país donde la justicia sea realmente para todos.