Los datos presentados en el Primer Estudio de Transparencia Regional del EITI en Áncash no solo impresionan por las cifras, sino que también invitan a una reflexión crítica sobre el uso y destino de los recursos públicos. Entre 2015 y 2023, la región recibió más de 2 mil 391 millones de soles por concepto de canon minero. El distrito de San Marcos acaparó una suma asombrosa de 2 mil 153 millones, mientras que el distrito de Nuevo Chimbote recibió 687 millones y la Municipalidad Provincial del Santa, 605 millones.
Estas cantidades son, sin duda, significativas. Lo preocupante es que en muchas de estas jurisdicciones San Marcos, Chimbote y Nuevo Chimbote los niveles de desarrollo y calidad de vida no reflejan la magnitud de esos ingresos. Seguimos conviviendo con deficiencias en infraestructura, inseguridad, servicios básicos precarios y escasa inversión en salud o educación de calidad. ¿Dónde está el impacto real de estos millones?
La implementación del estándar EITI (Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas) tiene como objetivo precisamente eso: revelar con claridad cuánto dinero entra, cómo se distribuye y, sobre todo, cómo se gasta. El informe presentado, con participación del Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Áncash, es un paso importante hacia la transparencia, pero no basta con mostrar cifras; es urgente exigir resultados tangibles.
En este contexto, cabe preguntarse si nuestras autoridades han estado a la altura de la responsabilidad que implica administrar estos fondos. El 76.5% del total recibido en Áncash se ha concentrado en 20 entidades, encabezadas por el Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de San Marcos.
Sin embargo, basta visitar algunas de estas zonas para darse cuenta que el desarrollo sostenible, que debería ser el destino de estos fondos, es aún una promesa lejana. Las enormes brechas en saneamiento y en salud existentes en las zonas rurales de esas jurisdicciones lamentablemente confirman que el dinero del canon no llega a cumplir esos cometidos sobre infraestructura.
Es cierto que en los últimos tres años los porcentajes de ejecución presupuestal ha aumentado, porque ahora hay más capacitaciones para los funcionarios y sobre todo el convencimiento que se tiene que usar ese dinero público, se cometen menos errores, pero eso no es suficiente.
Otro problema que afrontan los gobiernos denominados sub nacionales es la corrupción que sigue enquistada pero que es labor de los órganos jurisdiccionales cumplir las tareas que se imponen por ejemplo desde los órganos de control y que lamentablemente desde el Ministerio Público no se completa esa labor.
Mientras la minería sigue representando el 80% de las exportaciones regionales, su impacto positivo en la vida cotidiana de los ciudadanos no es proporcional. La ciudadanía debe estar más alerta y exigir una rendición de cuentas real, participativa y continua.