¿Quien blinda a Ulises Moya Chiclayo?:
La investigación por el presunto delito de peculado doloso contra Ulises Antonio Moya Chiclayo, exadministrador del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote, continúa estancada en etapa de investigación preparatoria desde octubre de 2018, pese a haber sido formalizada hace más de seis años.
Según documentos presentados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Santa, el último 4 de junio, hasta la fecha el fiscal a cargo no ha emitido ningún pronunciamiento, pese a que existe un mandato judicial que ordena la conclusión del caso.
En noviembre de 2024, el juez de garantías del 3° Juzgado de Investigación Preparatoria requirió formalmente al fiscal emitir el requerimiento correspondiente en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de remitir copias al órgano de control interno del Ministerio Público.
Ante el incumplimiento, la Procuraduría solicitó el 4 de junio de 2025 que se haga efectivo dicho apercibimiento y que el fiscal coordinador informe sobre las acciones tomadas para dar cumplimiento al mandato judicial.
HECHOS
La investigación refiere que entre los años 2014 y 2016, Ulises Moya, junto a Santos David Méndez Ramos (administrador) y Nelson Johel Acosta Uceda (contador), habrían simulado la adquisición de diversos bienes y servicios para el desembarcadero con la finalidad de apropiarse de los recursos en beneficio propio y de terceros.
Según el informe de auditoría contable, se detectaron irregularidades en facturas y boletas emitidas durante ese periodo. Los investigados fueron designados en sus cargos luego de la firma de un convenio entre el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y el Gremio de Extractores Hidrobiológicos de Buceo Zona I-Chimbote, representado por el propio Moya Chiclayo.
El informe final de auditoría, elaborado por la empresa Auditores & Peritos CORP S.A.C., precisa una serie de inconsistencias con los proveedores del desembarcadero y señala que la administración a cargo del gremio encabezado por Moya, Méndez y Acosta incurrió en múltiples irregularidades administrativas y contables.
En el marco de este proceso, la Procuraduría logró el embargo de una propiedad valorizada en casi medio millón de soles perteneciente a Ulises Moya y sus familiares, con el fin de garantizar una eventual reparación civil.