Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En el umbral del cierre de la legislatura peruana, previsto para el 15 de junio de 2025, y con las negociaciones para la elección de nuevas mesas directivas del Congreso ya en marcha, el sector privado enfrenta un escenario de creciente incertidumbre política y regulatoria. El reciente Proyecto de Ley N° PL11588/2025-CR, que propone una intervención estatal significativa en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, ejemplifica una tendencia preocupante que podría marcar el rumbo del país en los próximos años, especialmente en el contexto de las elecciones generales de 2026.
La delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente hasta julio abre la puerta a la aprobación acelerada de proyectos sin el debido análisis técnico. Este fenómeno, impulsado por cálculos políticos y el afán de captar apoyo electoral, incrementa el riesgo de que se implementen medidas populistas que afecten la estabilidad jurídica y económica. La polarización legislativa, junto con la presión para mostrar resultados rápidos, puede socavar la calidad de las normas y generar un entorno regulatorio volátil.
El sector telecomunicaciones, bajo la amenaza de nacionalización y control estatal directo, se encuentra en el epicentro de este riesgo. La propuesta de crear una empresa estatal que asuma el control operativo y financiero no solo pone en jaque la seguridad jurídica, sino que también podría desencadenar litigios internacionales costosos y prolongados. Energía, minería, banca y retail también enfrentan presiones regulatorias y fiscales que podrían afectar su competitividad y capacidad de inversión.
El análisis de riesgos revela que la expropiación y los cambios regulatorios abruptos son las amenazas más significativas para el sector privado, con una probabilidad e impacto elevados. La presión fiscal selectiva y la litigiosidad internacional también representan desafíos que requieren atención inmediata.
Frente a este panorama, las empresas deben adoptar estrategias proactivas: establecer sistemas de monitoreo legislativo permanente, revisar y fortalecer sus contratos y mecanismos de arbitraje, y consolidar alianzas sectoriales y diplomáticas que permitan incidir en la agenda pública y proteger sus intereses.
La dinámica regulatoria prevista para el periodo 2025-2026 anticipa una ventana de alta actividad legislativa con proyectos emblemáticos que buscarán capitalizar el clima electoral. Sin embargo, esta vorágine puede traducirse en decisiones apresuradas y poco fundamentadas, elevando el riesgo de impactos negativos en la inversión y el desarrollo económico.
Es imperativo que el sector privado, junto con las autoridades responsables, promuevan un diálogo constructivo que priorice la estabilidad, la transparencia y el respeto a la seguridad jurídica. Solo así se podrá asegurar un entorno propicio para el crecimiento sostenible y la confianza en las instituciones democráticas.
El escenario político y regulatorio que se configura en Perú demanda una mirada crítica y una acción decidida. La combinación de factores electorales, legislativos y regulatorios genera un riesgo político-regulatorio sin precedentes que puede afectar profundamente al sector privado y, por ende, a la economía nacional.
La prudencia, la preparación y la colaboración serán claves para navegar este complejo contexto y garantizar que las decisiones tomadas hoy no comprometan el futuro del país.