En un país donde la corrupción se ha convertido en una enfermedad crónica, resulta inadmisible que el Ministerio Público la entidad encargada de perseguir e investigar el delito siga actuando con una lentitud desesperante o, peor aún, con una pasividad que raya en la complicidad. En la provincia del Santa, Chimbote, dos casos emblemáticos reflejan esa preocupante desidia institucional: el del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote y el del alcalde del centro poblado de Cambio Puente.
En el primer caso, la investigación por el presunto delito de peculado doloso contra Ulises Moya Chiclayo, exadministrador de dicho desembarcadero, está formalizada desde hace más de seis años pero inexplicablemente estancada desde octubre de 2018 en la etapa de investigación preparatoria. Y eso, pese a que hay un informe de auditoría que revela compras simuladas, facturas irregulares y apropiación de fondos. El juez de garantías ya ordenó, en noviembre de 2024, que el fiscal del caso emita pronunciamiento en cinco días. Ante el incumplimiento, ha sido el procurador anticorrupción del Santa quien, el 4 de junio de este año, se dirigió formalmente al juzgado exigiendo que se haga efectivo el apercibimiento y que el fiscal coordinador rinda cuentas.
El segundo caso, si bien más reciente, repite el mismo patrón. El alcalde de Cambio Puente, Alejandro Castillo Yamunaqué, retiró cien mil soles de las cuentas de su municipalidad, en el Banco de la Nación, sin respaldo documentario, no comunicó a nadie ni al pleno edil, y solo reaccionó cuando estallaron denuncias públicas y la Contraloría intervino. La Fiscalía abrió diligencias preliminares en julio de 2024, pero tras más de ocho meses, no ha formalizado ni archivado el caso. Nuevamente, es el procurador anticorrupción quien ha tenido que intervenir ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios, solicitando control de plazos y una audiencia para evitar que la inacción convierta el caso en otra muestra más de la desidia.
En ambos procesos, lo que más indigna no es solo la presunta apropiación indebida de recursos públicos, sino el comportamiento del Ministerio Público, que parece más dispuesto a dejar pasar el tiempo que a cumplir su rol constitucional. La inercia fiscal no solo retrasa justicia: la sabotea.
La Procuraduría está haciendo su trabajo. El Poder Judicial también. ¿Y el Ministerio Público? No basta con abrir carpetas; hay que actuar. Porque cuando el Estado no responde ante la corrupción, la impunidad se convierte en norma. Hay otros casos más como aquel sucedió en Conchucos cuando un acalde y un gerente hicieron uso indebido de los recursos en obras de saneamiento básico de cinco pueblos del lugar. El Ministerio Público no accionó pues los involucrados se pasean por las calles como si nada hubiera pasado.
La inacción también es una forma de corrupción. Y debe terminar.