Por: Walter Miguel Quito Revello
En el Perú, la justicia se ha convertido en la chacra de todos. Desde arriba hasta abajo, cada quien hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Prueba de ello es la insólita decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema, y de paso, sugerir que podría volver como fiscal de la Nación. ¿Con qué argumentos? Con los que les da la gana.
No hubo unanimidad —que es requisito legal—, no se notificó como corresponde, y aún así Benavides intentó entrar a su antiguo despacho como si nada hubiera pasado, acompañada de simpatizantes que no distinguen entre justicia y revancha. Mientras tanto, el Ministerio Público y la Junta de Fiscales Supremos quedaron pintados en la pared. ¿Quién manda? Nadie sabe. Pero lo que sí queda claro es que la institucionalidad ha sido arrastrada por el suelo.
Los expertos son claros: la JNJ no puede devolverle un cargo que no le compete designar. Solo la Junta de Fiscales Supremos puede nombrar a la titular del Ministerio Público. Pero en esta nueva justicia de la chacra, donde cada quien hace lo que le da la gana si cree tener la razón, las formas y la institucionalidad parecen detalles prescindibles.
Y si eso pasa en Lima, ¿qué nos queda en las provincias? En la provincia del Santa, por ejemplo, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa Oscar Pérez Sánchez y otros jueces, y la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de la provincia del Santa Aura Carrasco Chapoñan y otros fiscales han decidido que los delitos de conducción en estado de ebriedad ya no merecen principio de oportunidad ni otras salidas legales conforme informan diarios locales. Nada de analizar caso por caso. Aquí, todos al juicio. Todos culpables. Todos sirven para las estadísticas. ¿Los fiscales de la provincia del Santa no harán valer su independencia constitucional y como borregos aceptarán esta barbarie? Yo creo que sí, ya lo han hecho antes y lo siguen haciendo con las prisiones preventivas.
Pero la historia no termina ahí. Este acuerdo no fue consultado con el Colegio de Abogados del Santa. El gremio fue excluido, ignorado, no existe como representante de los abogados, eso se debe a su papel de simple espectador y apañador de las decisiones judiciales en contra de los intereses de la provincia como en el presente caso. Y lo que es peor: este supuesto “endurecimiento” de penas no busca justicia, sino otra cosa: aumentar la carga procesal para pedir más presupuesto, más juzgados, más fiscales, más plazas. Es decir, más puestos de trabajo ¡…que vergüenza…! La justicia como pretexto para contratar más gente. El sistema como excusa para alimentar planillas.
Señores jueces y fiscales, en la provincia del Santa se come ceviche fresco pero la justicia se pasa de podrida. ¿En dónde está la Defensora del Pueblo? ¿Existe defensoría del pueblo en nuestra provincia? Parece que calladita se ve más bonita. Esperemos que hayan fiscales aunque pocos pero que hagan respetar su fuero constitucional y junto a los buenos jueces, porque si lo hay, barrer la corrupción que hay en su instituciones por el bien de nuestra provincia.
¿Dónde están los verdaderos defensores del debido proceso? ¿Dónde está el control de legalidad? ¿Dónde está el límite? Porque si la JNJ impone decisiones sin base y sin competencia, y los jueces y fiscales del Santa aplican políticas penales por consenso privado, entonces ya no hablamos de justicia. Hablamos de feudos, de cuotas, de reparto de poder. La provincia del Santa no necesita más fiscales ni más jueces. Necesita decencia. Necesita respeto a la Constitución. Necesita que la justicia deje de ser chacra personal o agencia de empleos y empiece a ser lo que debe ser: un sistema al servicio del pueblo. Perdónalos san pedrito porque ellos si saben lo que hacen…