El Poder Judicial ordenó la suspensión temporal de Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación por un periodo de 24 meses, debido a presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de dicho organismo.
Esta disposición se da en un momento de tensión entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que en la víspera había anunciado un procedimiento de «ejecución forzosa» para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con la resolución judicial de este miércoles, esa posibilidad queda anulada.
La decisión de hoy fue tomada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a solicitud del Ministerio Público, en el contexto de una investigación contra Benavides Vargas por los supuestos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en perjuicio del Estado.
La solicitud de suspensión fue presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, luego de que, el pasado 13 de junio, la JNJ emitiera la disposición de reponer a Patricia Benavides en el máximo cargo del Ministerio Público, un fallo que generó una crisis en esta institución y controversias a nivel político sobre su legitimidad.
Espinoza Valenzuela habia solicitado 36 meses de suspensión para Benavides, pero el juzgado supremo declaró fundado en parte este requerimiento, al considerar 24 meses como plazo proporcional debido a que la investigación contra la suspendida fiscal se inicio en junio de 2024.
Benavides es investigada por presuntamente haber usado su cargo para interferir en las pesquisas del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ en favor del abogado José Luis Castillo Alva y sus allegados.
A través de sus redes sociales, el Poder Judicial indicó que en la resolución del juzgado supremo «se advierte que (Benavides) estaría vinculada a hechos graves que no han dejado de ser objeto de investigación y que habría intervenido en función de su cargo como Fiscal de la Nación».
«Asimismo, fundamenta que, al haberse generado una sospecha suficiente resulta razonable concluir que la investigada realice conductas en el ejercicio del cargo, las cuales podrían afectar el sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad como fiscal suprema», agrega el Poder Judicial en su cuenta en X.