Estamos a mitad del 2025 y el balance de la inversión pública en las provincias de Áncash no solo decepciona: preocupa profundamente. A pesar de contar con significativos recursos provenientes del canon minero, las municipalidades provinciales del interior de la región, no han sabido convertir ese dinero en obras ni en progreso para su gente. La ejecución presupuestal al 30 de junio refleja una realidad dura e innegable: la incapacidad de gestión sigue siendo la barrera más grande entre los recursos y el desarrollo.
Los datos no mienten. Provincias como Aija, Asunción, Bolognesi o Pallasca no llegan ni al 6% de ejecución de sus presupuestos. En algunos distritos rurales, las cifras bordean el 1%. Es una burla para comunidades que siguen esperando agua potable, pistas, colegios, postas médicas y obras mínimas que les permitan vivir con dignidad.
¿De qué sirve recibir millones si no se sabe gastar? En Huari, donde se ubica la mina Antamina —la principal fuente de canon minero de la región—, los montos asignados son enormes. El distrito de San Marcos, que este año ha recibido más de 830 millones de soles, ha ejecutado apenas el 20.2%. Chavín de Huántar y la propia Municipalidad Provincial de Huari tampoco llegan al 27%. No hay excusa que valga.
Estamos ante un escenario donde el dinero abunda, pero el conocimiento para transformarlo en obras escasea. Donde los alcaldes y funcionarios temen tomar decisiones o simplemente no saben cómo gestionar proyectos de inversión. En algunos casos hay negligencia, en otros, desconocimiento técnico; pero en todos, la consecuencia es la misma: abandono.
Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, y con los recursos asegurados, haya poblaciones sin acceso a servicios básicos. Peor aún, es indignante que año tras año se repita el mismo patrón sin que nadie asuma responsabilidades. Los gobiernos locales culpan al sistema, al SNIP, a los expedientes, a los controles. Pero la verdad es más sencilla: no hay liderazgo, no hay planificación, no hay capacidad.
Esto no es solo un problema administrativo. Es una tragedia social. Los niños de Pomabamba, los agricultores de Mangas, los jóvenes de Piscobamba y los vecinos de Pallasca no pueden esperar indefinidamente a que sus autoridades aprendan a gobernar. Necesitan resultados, no excusas.
Es urgente que el Gobierno Regional de Áncash y el Ejecutivo nacional asuman un rol más activo. No basta con transferir dinero: hay que acompañar con asistencia técnica, capacitar al personal municipal, reformar procesos y, cuando sea necesario, intervenir directamente en distritos que sistemáticamente no ejecutan ni el 10% de su presupuesto. Además, la Contraloría debe vigilar no solo la legalidad de los gastos, sino también la inacción. Porque no gastar también puede ser una forma de incumplir el mandato público.
Áncash es una región privilegiada por la naturaleza, pero condenada por la política. La riqueza minera que recibe debe ser una herramienta de desarrollo, no una cuenta bancaria inmóvil. El tiempo se agota, y la paciencia ciudadana también. Si las autoridades no están a la altura de las circunstancias, que lo digan de una vez. La región no puede seguir esperando mientras los millones se pudren en las arcas y los pueblos en el olvido.