La decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa de revocar el sobreseimiento del caso San Bartolo representa una señal clara y contundente: los delitos de corrupción no deben quedar impunes. En un país donde la desidia fiscal ha permitido que numerosos casos graves sean engavetados, encarpetados o simplemente olvidados, esta resolución judicial marca un precedente valioso en la lucha contra la corrupción en la región Áncash.
El caso San Bartolo, enmarcado en el Proyecto Especial Chinecas, involucra a altas autoridades regionales como los exgobernadores César Álvarez Aguilar y Juan Carlos Morillo Ulloa, así como al exgerente de Chinecas, Juan Cortez Chicoma, y otros exfuncionarios. Se les investiga por el presunto delito de colusión, tras el desembolso de 36 millones de soles del erario público para la ejecución de un canal de 11 kilómetros que fue recepcionado y liquidado sin estar concluido. La obra fue adjudicada al Consorcio San Bartolo, en el que participaba la empresa JJM Minería y Construcción SAC, representada por el propio Morillo.
Durante años, este caso permaneció estancado, víctima del abandono de la Fiscalía. La investigación formal terminó en enero de 2021, pero gran parte de las diligencias necesarias quedaron paralizadas mucho antes. Pericias claves —como la de ingeniería civil— no se realizaron por la renuncia de peritos y la absoluta falta de continuidad en el trabajo técnico. El Poder Judicial ha sido claro: la Fiscalía no cumplió diligentemente con su deber de investigación y permitió que el proceso se deteriorara peligrosamente.
Y es ahí donde debemos detenernos. Porque si la Sala Penal no hubiese intervenido, este caso simplemente habría sido archivado. ¿Cuántos otros procesos de corrupción, igual de graves, han sido desechados bajo la misma lógica del desgano y el olvido? ¿Cuántos millones más se han perdido mientras fiscales, por desinterés, presión o complicidad, prefieren cerrar carpetas antes que llegar al fondo?. ¿Porque hemos tenido que llegar a ese extremo?
La intervención de la Procuraduría Anticorrupción del Santa fue determinante. Gracias a su apelación, se ha reabierto un caso emblemático que hoy exige respuestas y, sobre todo, responsabilidades. El mandato judicial es claro: realizar dos peritajes —uno de ingeniería civil y otro contable-financiero— en un plazo de cuatro meses. Es una última oportunidad para el Ministerio Público de cumplir su labor con seriedad.
Lo que está en juego no es solo la justicia en este caso, sino la confianza ciudadana en las instituciones. Porque los recursos públicos no pueden seguir siendo el festín de quienes llegaron al poder para servirse, y no para servir. Porque la corrupción no es un error, es un crimen. Y quienes la cometen deben ser sancionados con todo el peso de la ley.
Áncash ha sido escenario de demasiados escándalos y de una larga cadena de impunidad. Esta vez, el Poder Judicial ha desenterrado la verdad que se quiso enterrar. Ahora le toca a la Fiscalía demostrar que está a la altura del momento. El pueblo exige justicia, y la historia no absolverá a quienes hayan robado el futuro de esta región. ¿Lo hará?.