Por: Fernando Valdivia Correa
Ya es oficial. El pasado viernes en El Peruano se publicó la norma que incrementa la remuneración de Dina Boluarte a poco más de S/ 35 mil mensuales. Pasó de recibir, primero, S/ 30 mil como ministra del MIDIS, luego a S/ 16 mil cuando asumió el mando del país, a este sueldo ajustado. Días antes, se filtró en la prensa esta noticia, a lo cual el Gabinete lo negó. De inmediato reacciones, a favor y en contra, no se hicieron esperar.
De lo segundo, sobre todo de aquellos que cuando se trata de la señora Boluarte Zegarra apelan al aforismo “de qué se trata para oponerme”, están las voces que dicen que es la segunda Presidente en la región con el emolumento más alto, que percibirá 34 veces más que el mínimo vital; amén que en el Parlamento van presentándose hasta 8 proyectos de ley para derogar tal disposición. O, como tituló Peru21 recientemente que “un aumento que en modo alguno era acorde con el tamaño y la marcha de la economía del país, sino que, además, era el peor momento para darse ese gusto, en medio de escándalos sobre sus aventuras quirúrgico-estéticas y con el país bajo el asedio cotidiano de la delincuencia y las economías ilegales”. En resumen, no es popular y tampoco oportuno. De esto último, cabría responder a modo de interrogante ¿cuándo sería este momento?.
Por su parte, Eduardo Arana aclaró que la mandataria “no podía seguir con un sueldo que no fuera acorde a su jerarquía”. En efecto, mientras más alto el cargo desempeñando, mayor es la responsabilidad. Esto es refrendado por nuestra Constitución al señalar que el Presidente de la República es el primer ciudadano de la patria; además de ser Jefe de Estado y de Gobierno, Jefe del Comandando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, entre otras solemnidades.
En diciembre de 2006, el entonces mandatario Alán García promulgó el Decreto de Urgencia N° 038-2006 cuyo artículo 2 expresó que “Ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público…”, con la evidente intención de evitar la dispersión remunerativa en el sector público.
Al respecto, Gladys Echaíz, Congresista y exfiscal de la Nación, acotó que “hay funcionarios sin méritos que ganan hasta S/ 50 mil”. Sin el ánimo de restar calificaciones académicas y/o laborales, coincidimos con la legisladora en que existen funcionarios que perciben muy por encima del Presidente: El Titular del Poder Judicial, S/ 46 mil, y Magistrados Supremos, S/ 42 mil; Superintendente de Banca y Seguros, S/ 40 mil; miembros del Tribunal Constitucional, S/ 35 mil, entre otros. Entonces, ¿dónde quedó el cumplimiento del artículo 2 del precitado DU?. Claro, en esta ocasión se trata de la impopular Dina.
Sobre lo último, ciertamente un personaje folclórico (más que popular a la luz de los hechos mostrados), fue Pedro Castillo cuando el 7 de abril de 2022 prometió rebajarse el sueldo (ya lo había dicho en la campaña electoral), y en lugar de ello, terminó beneficiando a sus allegados con el Decreto de Urgencia N° 102-2021, firmado por Mirtha Vásquez y Pedro Francke, entonces Premier y de Economía y Finanzas, respectivamente. Por esta presunta ilegalidad cometida, ambos están investigados eternamente en el Ministerio Público (más de 3 años por si acaso).
Finalmente, en cuanto que esta decisión del Ejecutivo afectaría el presupuesto nacional, solo por citar de ejemplo que el 1 de enero, el Banco Central de Reserva comunicó que en el 2024 nuestra moneda fue la más sólida de Latinoamérica, al registrar la menor depreciación con relación al dólar, debido -entre otros factores- al incremento de las Reservas Internaciones Netas (RIN) que pasaron de S/ 71,883 mil millones (diciembre de 2022), a S/ 85,263 mil millones (junio de 2025). Nada mal para ser un gobierno, dizque débil e impopular, verdad?.
Con esta actualización salarial no habrá cuenta millonaria para Dina Boluarte, aunque sí lo hubo para los bolsillos de Toledo y Humala, a decir de la justicia que ya se pronunció en sentencia.