Ya habíamos informado y comentado sobre la salida política a los problemas de la Universidad San Pedro, la cual es impulsada por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores no Docentes Juan Roncal Briceño. Esa salida política es la ley, que se gestiona en el Congreso de la República para otorgar a las universidades asociativas sin fines de lucro, creadas por ley y que tienen problemas, opciones legales que posibiliten su normal funcionamiento.
Nos referimos a esa opción a propósito de haberse hecho público la esquela de observación por la inscripción del estatuto del 2018 en SUNARP y que se suma a los anteriores documentos similares que han resaltado que los procedimientos utilizados para la elección del rector han estado fuera de las normas vigentes.
Debemos recordar las cuatro esquelas de observación de primera instancia y la esquela de la segunda instancia, osea del Tribunal Registral, todas ellas rechazaban la inscripción de la personería jurídica del rector y ahora la referida a la inscripción del estatuto del 2018.
Las respuestas son tan claras y diáfanas que son incumplibles o mejor dicho insubsanables. Les solicitan las actas certificadas y si no las presentan, es porque no las tienen y si no las tienen no hay forma de validar los actos de la asamblea universitaria de aquellas fechas y por lo tanto el rechazo a la inscripciones, es la respuesta de SUNARP.
Ahora la situación es mucho más complicada para las autoridades que están en los cargos, porque el periodo de los integrantes de la asamblea universitaria se ha vencido, por lo tanto, no hay forma de poder tener un órgano rector en actividad y dentro de la normatividad vigente, al interior de esa casa de estudios. Entonces la situación es que no hay salida válida para los problemas hoy en día.
Cuando se produjo el rechazo inicial de SUNARP, en el año 2023, se hubieran podido resolver los problemas, pero hubo la negativa de Javier Ulloa para que ello ocurriese, además, desde las notarias le otorgaban las salidas legales, pero él no quiso usarlas, porque la salida era nuevas elecciones y él no entendía, como hasta ahora.
En ese momento se hubiera podido hacer incluso la convocatoria judicial pero ahora es imposible porque la asamblea universitaria no tiene miembros con periodo vigente. Esa era una salida viable, pero asesorado por personas que miran los problemas como negocio, siguieron el camino equivocado. La mejor muestra son los resultados.
Ese dictamen de la Comisión de Educación del Congreso de la República que unificó tres proyectos de ley para encaminar las soluciones para las universidades asociativas en problemas, grafica las fórmulas para salir de los entrampamientos.
Ahora que se acerca el inicio de la nueva legislatura se debe poner fuerza para que ese dictamen vaya al pleno y sea debatido porque allí está el instrumento legal que encaminará el rumbo de la Universidad San Pedro. Si vamos a los análisis, nos encontraremos que no hay otro camino para lograr el objetivo y volver a tener en actividad a la universidad.
Ese periodo negro desde el abril del 2023 hasta estos días con Ulloa, Castañeda y Martínez al frente siendo verticales en sus decisiones, han llevado a la universidad al caos extremo que va rumbo a desparecer. Eso se tiene que evitar. No hay otro camino.