La denuncia sobre el uso irregular del local del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) N.º 01 de Chimbote como cochera, es un hecho inaceptable que merece un pronunciamiento inmediato de las autoridades educativas y una acción correctiva urgente. No se trata solo de una presunta infracción administrativa, sino de una clara distorsión de la finalidad para la cual fue concebido este espacio: la educación de niños y niñas con necesidades especiales.
Según lo reportado por los vecinos, en la puerta del colegio, ubicado en la avenida Los Incas, frente al Vivero Forestal, se ha colocado un cartel anunciando el servicio de “cochera”, y se ha podido observar el ingreso y salida de vehículos en el recinto. Esta situación ha generado honda preocupación entre la comunidad, que ve con estupor cómo un espacio público destinado a una función pedagógica y social ha sido aparentemente convertido en un negocio particular.
Más aún, resulta alarmante que una persona encargada del lugar haya indicado que esta actividad cuenta con la supuesta autorización de la directora del plantel. Pero ni esa declaración ni el silencio de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Santa han contribuido a disipar las dudas. Por el contrario, el mutismo institucional es preocupante y sugiere una falta de control, fiscalización o, peor aún, un consentimiento tácito de una práctica inadecuada.
El CEBE N.º 01 es una institución especializada en la atención educativa de estudiantes con discapacidades y necesidades particulares. Sus espacios deben estar protegidos, bien cuidados y destinados exclusivamente a garantizar una educación digna, inclusiva y segura. Permitir que el local se utilice como estacionamiento es no solo una señal de desidia, sino también un atentado contra el sentido mismo del servicio público educativo.
¿Se ha evaluado el riesgo que implica permitir el ingreso constante de vehículos en un espacio donde circulan menores de edad? ¿Qué garantía hay de que el mobiliario, los materiales educativos o la infraestructura no serán afectados? ¿Se están cobrando tarifas por este uso? ¿Quién administra ese dinero? ¿Se está beneficiando personalmente alguna autoridad?
Todas estas preguntas exigen respuestas claras y urgentes. El Ministerio de Educación y la UGEL del Santa no pueden seguir en silencio. Tienen el deber de investigar si esta práctica tiene alguna autorización formal y, de no ser así, sancionar a los responsables y disponer el cese inmediato del uso indebido del colegio. Es también necesario que la Contraloría General de la República tome cartas en el asunto, porque está en juego el uso de bienes del Estado.
Además, este caso debe llevarnos a una reflexión mayor sobre la fragilidad de los centros educativos públicos, especialmente aquellos que atienden poblaciones vulnerables. ¿Cómo es posible que una escuela pública se convierta en cochera y no pase nada? ¿Qué control hay sobre lo que ocurre dentro de nuestras instituciones educativas fuera del horario escolar o durante periodos de vacaciones?
La ciudadanía, con razón, exige transparencia y vigilancia. No es la primera vez que se reportan hechos similares en otras partes del país. Pero la tolerancia o indiferencia frente a este tipo de situaciones solo abona al deterioro de la función pública. No podemos permitir que los colegios se conviertan en negocios particulares ni que sus espacios se privaticen informalmente ante la vista gorda de las autoridades.
La educación pública no solo debe ser gratuita, inclusiva y de calidad. También debe ser respetada. Y respetarla implica cuidar sus espacios, su infraestructura, su misión y sus principios. Las escuelas no son cocheras. No deben serlo. Y quienes lo permitan o promuevan deben asumir las consecuencias.