Magistrados señalan que hay suficientes medios probatorios:
Los jueces supremos de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema concluyeron que el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos fue planeado desde el año 2010 por César Joaquín Álvarez Aguilar y Luis Humberto Arroyo Rojas, con el objetivo de impedir que continúe denunciando graves actos de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash.
Según el fallo, basado en un análisis integral del acervo probatorio, existen suficientes elementos que sustentan la condena contra ambos exfuncionarios como coautores mediatos del delito de homicidio calificado.
Entre las pruebas más relevantes se encuentra la declaración del testigo Edison Torres Corzo, quien reveló que desde 2010 Álvarez y Arroyo buscaban personas para atentar contra la vida de Nolasco.
Esta versión fue corroborada con la declaración que el propio agraviado brindó a la Fiscalía, en la que sindicó directamente a Álvarez y Arroyo como responsables del atentado anterior que sufrió, señalando que el móvil era frenar sus denuncias sobre corrupción.
Durante esa diligencia, Nolasco recibió amenazas de muerte, hecho que refuerza la hipótesis de que su asesinato fue una represalia para silenciarlo.
El testigo protegido identificado como “Nikitash” confirmó haber presenciado la declaración de Nolasco y las amenazas que recibió. Además, los testimonios de Jorge Luis Loloy Valencia y Cristhian Crúzate Pereda señalaron que el crimen fue autorizado por la cúpula de la organización, encabezada por Álvarez y Arroyo.
Con todos estos elementos, la Corte Suprema ratificó la sentencia de 29 años, 9 meses y 3 días de prisión efectiva contra César Álvarez y Luis Arroyo, al concluir que el crimen fue premeditado y tuvo como finalidad garantizar impunidad en una red de corrupción enquistada en el gobierno regional.