Sicarios coincidieron con Nolasco en restaurante:
Según la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, el asesinato del exconsejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco Campos, ocurrido el 14 de marzo de 2014 en Huacho, fue ejecutado como parte de un plan criminal presuntamente dirigido por el exgobernador regional César Álvarez Aguilar, con el objetivo de silenciar a un opositor político que denunciaba actos de corrupción en obras públicas.
ANTECEDENTES Y PLAN CRIMINAL
El documento judicial precisa que Nolasco fue previamente víctima de dos intentos de asesinato en 2010 y 2012. Finalmente, en 2014, fue asesinado en un restaurante de Huacho como parte de una operación dirigida por una organización criminal.
El crimen fue atribuido a César Álvarez Aguilar, Luis Humberto Arroyo Rojas, Rubén William Moreno Olivo (alias Goro), Jorge Luis Loloy Valencia (alias Chino Malca o Pelado) y Cristhian Joel Crúzate Pereda (alias Bayron o Colombiano), según la acusación fiscal.
IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL OBJETIVO
La noche del asesinato, 14 de marzo del 2014, Nolasco ingresó al restaurante Machi junto a su chofer, abogado y agente de seguridad. Los implicados Loloy, Saavedra Acosta y Crúzate Pereda también estaban en el lugar. Tras identificarlo, se retiraron para coordinar el ataque, dejando a Crúzate en labores de vigilancia.
COORDINACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL ASESINATO
Loloy se comunicó con Goro, quien informó a Álvarez Aguilar y Arroyo Rojas quienes autorizaron el asesinato. Luego, el arma una pistola 9 mm fue obtenida de la casa de Juan Manuel Garay Obregón. El arma fue enviada en un mototaxi conducido por un sujeto apodado Gordo.
EJECUCIÓN DEL CRIMEN
Crúzate Pereda recibió el arma y una polera, se acercó a la bodega donde se encontraba Nolasco y le disparó múltiples veces a quemarropa, provocándole la muerte instantánea. Luego huyó en el mototaxi hacia la vivienda de Garay Obregón a donde más tarde llega Jorge Luis Loloy Valencia, quien le confirma la muerte del objetivo.
La Corte Suprema ratificó la responsabilidad de los coautores mediatos y materiales del asesinato, reconociendo la existencia de un aparato organizado de poder detrás del crimen, cuyo objetivo era eliminar a quienes denunciaban los presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash.
Cesar Álvarez Aguilar fue condenado finalmente a 29 años, 9 meses y 3 dias de cárcel. Similares penas recibieron sus coimputados.