Chinecas:
La reciente visita del gerente general del Gobierno Regional de Áncash, Marco La Rosa Sánchez Paredes, a nuestra ciudad, ha marcado un punto de inflexión en la larga y accidentada historia del Proyecto Especial Chinecas. No se trató de una aparición protocolar, sino de una declaración de intenciones claras: dar viabilidad técnica definitiva al proyecto y recuperar las tierras usurpadas que impiden su ejecución real.
Según lo anunciado, para septiembre de este año se espera que el proyecto obtenga la tan esperada viabilidad técnica. Este nuevo horizonte surge luego de las serias observaciones hechas al estudio presentado por el consultor peruano-alemán, en particular por la cuestionada propuesta de construir un reservorio en Cascajal en lugar de La Huaca. La reacción inmediata de los agricultores y la intervención de un nuevo supervisor han obligado a replantear el enfoque, devolviendo al proyecto una base más realista y consensuada.
Que se rectifique el camino es una buena noticia. Mejor aún que se haga escuchando a los actores de base, como los agricultores, quienes ya vienen preparando propuestas técnicas para corregir errores de fondo. Sin embargo, lo que ha generado más expectativa y también polémica es el anuncio del gobierno regional respecto al saneamiento de las tierras del proyecto.
Por primera vez en muchos años, una autoridad regional ha hablado con firmeza sobre el tema más sensible y muchas veces evadido: los terrenos invadidos. La posición es clara. Se respetará a quienes están amparados por los marcos legales vigentes específicamente las leyes 27887 y 28042 pero los demás ocupantes ilegales serán desalojados. El propio gerente ha afirmado que ya se coordinan con la Procuraduría del GORE Áncash los procedimientos que permitirán, en cuestión de días o semanas, iniciar los desalojos.
Este anuncio no solo marca una ruptura con la inercia política del pasado, sino que abre la posibilidad real de ordenar un territorio secuestrado por el caos, la informalidad y el tráfico de tierras. Porque no se trata solo de desalojos, sino de restaurar el principio de autoridad y poner fin a décadas de impunidad donde no se ha pagado la tierra y no se paga el agua. Chinecas no puede ni debe seguir siendo rehén de falsas comunidades, ventas fraudulentas ni de argucias legales de quienes lucran con terrenos del Estado.
El proyecto Chinecas, concebido hace más de tres décadas para ser el gran motor agroindustrial de Áncash, ha sido postergado una y otra vez por incapacidad técnica, falta de voluntad política y una peligrosa tolerancia hacia las mafias de tierras y porque nunca hubo autoridad. Hoy, hay una oportunidad quizá la última para corregir el rumbo. Pero eso exige coherencia, transparencia y, sobre todo, valentía para enfrentar los intereses que se oponen al orden.
La viabilidad del proyecto no solo debe medirse en papeles, ni en estudios, sino también en la capacidad de devolverle legitimidad territorial y gobernabilidad. Esa es la verdadera tarea pendiente. Y si este es el inicio de una nueva etapa, que así sea. Pero que no se quede en promesas. Chinecas no puede esperar más.