Por: Edgar Guevara Soto
Indignación es lo que genera la indiferencia de la policía y el rechazo absoluto a las amenazas de muerte contra periodistas de provincias.
Desde el pasado viernes 4 de julio, Gudelia Gálvez Tafur, ha sido víctima de reiteradas amenazas de muerte tras destapar presuntas irregularidades en obras ejecutadas por entidades públicas. Primero llegó un mensaje directo a su WhatsApp: “Una más y mueres”, decía sin rodeos. Horas después, recibió un video donde se mostraban armas y granadas, dejando claro que la intimidación no era un juego. El mensaje iba dirigido no solo a ella, sino también a su familia, a quienes advirtieron que dejaran de “molestar” su obra en Huaraz.
Alarmada, la periodista acudió a la sede de la Depincri para formalizar su denuncia. Sin embargo, se topó con la frialdad de un sistema que, una vez más, falla en proteger a quienes investigan la corrupción. Los agentes, lejos de recibir la denuncia y activar protocolos de seguridad, se negaron argumentando absurdamente que no había “hecho consumado”. Pretendieron conformarse con redactar una simple acta de orientación, como si una amenaza de muerte fuera un asunto menor.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha levantado la voz con dureza: exige una investigación urgente y garantías para la periodista, además de un proceso disciplinario contra los policías que se negaron a cumplir su deber. “Parece que tendría que haberse atentado contra ella para que recién tomen en serio su caso”, reclamó Renzo Chávez, secretario general de la ANP.
Los periodistas de provincias están en la mira de mafias, corruptos y asesinos. Ya cayó Gastón Medina en Ica. Muchos reporteros trabajan con la vida pendiente de un hilo. Algunos dirán que los periodistas tienen sus culpas, y de ser el caso, hay que denunciarlos cuando corresponde, pero la vida de una persona no puede quedar en manos de los mismos corruptos.
(*) Director de la Coordinadora de Medios Locales (Medios Perú)