El trágico accidente ocurrido en la carretera Pativilca–Huaraz, que ha dejado siete muertos y más de medio centenar de heridos, no es más que la consecuencia de una cadena de irresponsabilidades que desde hace años se repite en las rutas interprovinciales del país. El ómnibus, que cubría la ruta Lima – Huaraz – Caraz, terminó fuera de la vía como ya ha sucedido muchas veces en este corredor y en otras carreteras similares del Perú.
Los accidentes no ocurren por azar. En la mayoría de casos, las causas son conocidas y repetitivas: fallas mecánicas, exceso de velocidad o conductores que se quedan dormidos tras extenuantes jornadas de trabajo. Son precisamente las propias empresas de transporte las que no garantizan las condiciones mínimas para que sus vehículos y, sobre todo, su personal estén en condiciones de brindar un servicio seguro. ¿Cómo es posible que en pleno 2025 aún haya empresas que no cuenten con sistemas de control para verificar el estado físico de sus choferes, las horas efectivas que manejan o las condiciones técnicas reales de sus unidades?
Este no es un hecho aislado. Hoy fueron siete muertos, mañana ¿cuántos más serán? El problema de fondo es que muchas de estas empresas no ven a sus pasajeros como personas, sino como mercancía; lo que importa es llegar rápido, recoger más pasajes y generar ingresos, aunque eso suponga poner en riesgo vidas humanas. No hay una verdadera cultura de seguridad, ni por parte de las empresas, ni mucho menos por parte de las autoridades encargadas de supervisarlas.
Lo más grave es la inacción del Estado. No hay un control serio y constante sobre las empresas de transporte, muchas de las cuales operan con buses en mal estado, choferes sin descanso suficiente y sin las capacitaciones necesarias para afrontar rutas peligrosas como la Pativilca–Huaraz. Los puestos de control son deficientes, y las sanciones rara vez tienen un efecto disuasivo.
Cada accidente vuelve a encender las alarmas por un par de días, pero luego todo sigue igual: los buses continúan su ruta, los choferes vuelven a manejar exhaustos, y las empresas siguen acumulando ganancias mientras las víctimas se acumulan en cifras que ya no conmueven a nadie.
Exigimos que el Ministerio de Transportes y las entidades fiscalizadoras asuman su rol con responsabilidad y firmeza. No se puede seguir tolerando este nivel de descontrol y permisividad en el transporte interprovincial. Las empresas deben ser auditadas y sancionadas drásticamente cuando incumplen normas básicas de seguridad.
Además, en dos semanas vendrán los viajes por fiestas patrias donde miles y miles de trasladan a diversos lugares del país, para pasar esos feriados y días de descanso. Se entiende que las labores de fiscalización serán más exhaustivas.
Basta ya de indiferencia. Cada víctima no es solo un número, es una vida truncada por la irresponsabilidad de empresarios, autoridades y un sistema que sigue priorizando el negocio antes que la vida humana.