Imputado se salvó dos veces de ir a prisión:
El juez Javier Carrión Basauri, de la Corte Superior de Justicia del Santa, viene siendo objeto de una revisión por parte de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC), tras denegar un pedido de prisión preventiva contra el estudiante de psicología Víctor Manuel Coral Grandez (54), investigado por tocamientos indebidos en dos procesos distintos ocurridos en un periodo menor a tres meses.
La ODANC informó que ha derivado de manera urgente el caso a la Comisión de Intervención Inmediata, en atención a la alarma pública generada por la reiteración de las denuncias y la decisión judicial que permite al investigado continuar el proceso en libertad.
El último caso ocurrió el pasado 8 de julio, cuando Coral Grandez fue denunciado por una mujer que relató haber sido citada a una vivienda en la urbanización Santa Rosa, en Nuevo Chimbote, bajo el pretexto de una sesión psicológica.
Una vez dentro, el imputado —según la víctima— le ofreció masajes argumentando conocimientos de fisioterapia, pero terminó tocándola indebidamente y besándola a la fuerza. La agraviada logró escapar y denunció el hecho, siendo el acusado detenido en flagrancia por efectivos de la comisaría de Buenos Aires.
Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Juan Ramírez Choque advirtió que Coral Grandez ya había sido detenido en abril por un caso similar en la posta de salud de Tres de Octubre.
Agregó que el imputado se negó a permitir acceso a su celular incautado y habría manipulado la escena del crimen, hechos considerados como indicios de obstrucción a la justicia.
A pesar de estos antecedentes, el juez Carrión Basauri volvió a rechazar el pedido de prisión preventiva y dictó comparecencia con restricciones, lo que ha generado fuertes críticas desde diversos sectores, que advierten un posible riesgo de reiteración delictiva.
La ODANC reiteró su compromiso con la transparencia y la integridad del sistema judicial, e informó que se adoptarán las medidas correspondientes si se comprueba alguna inconducta funcional por parte del magistrado.
El caso ha puesto en debate la respuesta judicial frente a delitos sexuales y la protección efectiva de las víctimas, especialmente cuando se trata de imputados con denuncias múltiples.