Fiscalía apeló decisión:
El Juzgado de Familia de Casma, a cargo de la magistrada Rosa Mendoza Galarreta, resolvió no dictar internamiento preventivo contra cuatro adolescentes implicados en un caso de presunta receptación agravada, tras haber sido hallados en posesión de motos robadas y desmanteladas. En su lugar, la jueza impuso estrictas reglas de conducta, decisión que ha sido cuestionada por el Ministerio Público.
La audiencia de sustento de la medida coercitiva se llevó a cabo de forma virtual el último domingo. En ella, la magistrada determinó aplicar el régimen de comparecencia restringida, lo que obliga a los adolescentes cuya edad oscila entre los 14 y 16 años a cumplir medidas de control y vigilancia específicas.
Entre las disposiciones impuestas se encuentran: acudir al juzgado cada quince días, informar sobre sus actividades lícitas, no cometer nuevas infracciones, no ausentarse de la localidad sin autorización, presentarse para la apertura de su tarjeta de control social y pagar una caución. Asimismo, fueron entregados de inmediato a sus padres o apoderados legales, quienes deberán garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas.
Pese a estas medidas, la decisión judicial fue apelada por el Ministerio Público, que expresó su preocupación respecto al impacto de la liberación de los menores en la seguridad ciudadana. La Fiscalía argumentó que, dados los hechos y la modalidad delictiva, los adolescentes representan un riesgo para la sociedad.
Los hechos investigados corresponden a la presunta posesión de vehículos menores con denuncia de robo, los cuales habrían sido desarmados y ocultados en diversos puntos de la ciudad. La intervención fue posible gracias a acciones de inteligencia coordinadas por la Policía Nacional.
El caso continúa en etapa de investigación, mientras se espera que la instancia superior resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.