El 16 de julio de 1992, el distrito de Miraflores fue sacudido por uno de los atentados más brutales de la historia reciente del Perú. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, hizo estallar dos coches bomba con 500 kilos de dinamita y anfo en la calle Tarata.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el atentado fue parte de una ofensiva urbana del grupo terrorista Sendero Luminoso que, entre enero y julio de 1992, detonó 37 coches bomba en Lima Metropolitana.
Como se sabe, el resultado fue devastador: 25 muertos, cientos de heridos y más de 3 millones de dólares en pérdidas. Fue un ataque directo contra civiles inocentes.
El objetivo original del atentado habría sido una agencia del Banco de Crédito del Perú ubicada en la avenida Larco. Sin embargo, por la fuerte presencia policial, los atacantes desviaron el vehículo hacia Tarata, donde lo dejaron sin ocupantes y lo hicieron explotar, afectando a unas 380 familias.
La respuesta del Estado y la justicia
En medio de un país convulsionado, el gobierno de Alberto Fujimori había dado un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso con el argumento de enfrentar con mayor dureza a la subversión.
El atentado en Tarata marcó un punto de quiebre en la lucha contra el terrorismo y reforzó la presión del Estado para capturar a los cabecillas senderistas.
El juicio por el atentado de Tarata se realizó muchos años después, cuando Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y la cúpula de Sendero Luminoso fueron juzgados por su autoría en la masacre.
El juez Jhonny Contreras Cuzcano, quien integró el tribunal que condenó a Abimael Guzmán por el atentado en el jirón Tarata, recuerda con firmeza cómo se hizo justicia frente a uno de los crímenes más atroces del terrorismo en el Perú.
Un juicio histórico
Treinta y tres años después, el juez Jhonny Contreras rememora el proceso judicial que culminó en la condena a cadena perpetua para la cúpula senderista.
«Cuando Guzmán se mostró prepotente en las audiencias, fue expulsado. El juicio continuó en su ausencia, y luego volvieron. La ley se impuso», señaló el magistrado.
Contreras recuerda la dificultad de liderar un juicio de esa magnitud, tanto en términos legales como personales.
«No fue nada fácil. Tuvimos seguridad permanente y sabíamos que detrás de nosotros había una familia que se preocupaba, pero nosotros hicimos un juramento: llevar el juicio con la ley en la mano», sostuvo.
El fallo emitido por los jueces René Martínez, Edhin Campos y Jhonny Contreras fue ratificado en 2022 por la Corte Suprema, que confirmó que el atentado fue aprobado por la cúpula senderista.
«Fue un espaldarazo a nuestra labor, un mensaje claro: la ley siempre debe prevalecer», sostuvo Contreras.
Para él, este proceso fue también personal. Su padre, Hermógenes Contreras, fue policía y combatió el terrorismo en la sierra de Lima. Ese legado marcó su compromiso con la justicia: «Notificamos a los acusados y les dijimos: salgan o no salgan, el juicio continuará. Nunca más se quisieron ir».
Nunca más
A 33 años del atentado, el recuerdo de Tarata sigue vivo. Vanessa Quiroga, una de las víctimas, perdió una pierna aquella noche. Su historia, al igual que la de tantas otras familias afectadas, sigue siendo testimonio del dolor y la resiliencia del pueblo peruano.
De esta manera, el atentado de Tarata es un hecho que simboliza la tragedia y evoca a la memoria la difícil situación que atravesó el país en 1992. (Andina)