Mientras crecen las protestas en diversos puntos del litoral y aquí en nuestra ciudad, por la forma como se viene extrayendo la anchoveta, especialmente la juvenil, el Ministerio de la Producción (Produce) ha optado por responder con cifras y reportes técnicos, intentando enfriar los ánimos. Según la autoridad, la captura actual no solo está dentro de los límites permitidos, sino que está respaldada por la ciencia y monitoreada rigurosamente a través de las bitácoras electrónicas y los informes de Imarpe.
Produce ha informado que para esta primera temporada de pesca del 2025 se ha establecido un tope de 20% de captura de juveniles, lo que representa más de 600 mil toneladas. Afirman que esta cuota responde a criterios técnicos que rigen desde 2017 y que buscan evitar descartes ilegales en altamar, asegurar el registro de las capturas y mantener la sostenibilidad del ecosistema. Según el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, “la gestión pesquera del Perú está basada en evidencia científica”, y esta actividad no solo garantiza empleo y seguridad alimentaria, sino que sostiene la imagen del país como potencia pesquera sostenible.
Hasta allí, todo parece estar bajo control. Sin embargo, la realidad en el mar y en tierra es distinta. La anchoveta se ha vuelto esquiva, las embarcaciones industriales no logran cumplir sus cuotas, y la meta de las 3 millones de toneladas parece cada vez más lejana. Hasta el momento solo se han capturado poco más de 2 millones 374 mil toneladas, y el sector reconoce que las condiciones actuales no son favorables para pensar que el objetivo se cumplirá y que se debe terminar la época de pesca de manera urgente.
Aquí es donde el discurso técnico choca con la percepción de los pescadores y de la ciudadanía. Las protestas no se deben únicamente a las cifras; se alimentan de la sospecha de que el recurso está siendo depredado sin contemplaciones, bajo el amparo de regulaciones que priorizan la industria antes que la sostenibilidad real. Además, persiste la crítica sobre cómo se reparten las cuotas y el predominio de las grandes empresas agrupadas en la SNP, lo que genera malestar en otros sectores del rubro pesquero.
Produce insiste en que sus decisiones cuentan con el aval de Imarpe. Pero eso no es excusa para ignorar lo que está ocurriendo en el mar: la anchoveta ha desaparecido de zonas donde antes era abundante. El mar está enviando señales, y no se puede pretender que los límites numéricos garanticen por sí solos la renovación del recurso. En un contexto de cambio climático, anomalías oceánicas y alteraciones en los ecosistemas marinos, la cautela debería primar.
El Gobierno ha dejado claro que no dará marcha atrás. Pero conviene recordar que gestionar una pesquería no solo es cuestión de informes técnicos, sino también de mantener la confianza pública, escuchar a quienes viven del mar y garantizar que las decisiones se tomen con visión de futuro, no solo de presente.
El error no sería rectificar ahora, el verdadero error sería persistir en un rumbo si el mar y la experiencia de los propios pescadores demuestran que las condiciones han cambiado. Porque si la anchoveta desaparece, no habrá cuota, ni bitácora que lo remedie.