El reciente cierre temporal de la tienda Tottus en Chimbote ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que parece no tener solución en nuestro país: el poco interés de algunas grandes empresas por cumplir rigurosamente con las normas de seguridad, incluso a costa de la vida y la salud de sus propios clientes.
La Municipalidad Provincial del Santa ha informado que este cierre obedece a que la tienda no levantó las observaciones formuladas en una inspección anterior, la misma que se realizó tras las denuncias sobre el fallecimiento de una persona en sus instalaciones, quien sufrió un accidente al resbalar en el baño del local. Un hecho lamentable que no solo pudo evitarse, sino que dejó en evidencia otra carencia grave: el establecimiento no contaba con personal capacitado ni con un tópico para brindar atención de primeros auxilios en una emergencia.
El problema es que hablamos de una cadena comercial de nivel nacional, perteneciente a un grupo internacional, que debería ser ejemplo en la implementación de estándares de seguridad, pero que, en la práctica, opera con las mismas falencias que se encuentran en negocios informales o de menor escala. ¿Cómo es posible que haya contado con autorizaciones y visto buenos de Defensa Civil si tenía deficiencias evidentes? Es una pregunta que merece respuesta. No es la primera vez que un caso como este revela vacíos en los controles y la permisividad de las autoridades.
No podemos olvidar lo ocurrido meses atrás en Trujillo, cuando el techo del patio de comidas de un centro comercial colapsó. Aquella tragedia fue motivo de discursos, promesas de mayor fiscalización y advertencias. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esas promesas quedaron solo en palabras y que las inspecciones realizadas han sido superficiales o poco efectivas. En el caso de Tottus, se evidencia que incluso después de una inspección motivada por un fallecimiento, las observaciones no fueron corregidas.
Este cierre, que tiene como fecha límite el 20 de julio, debe servir para reflexionar no solo sobre la responsabilidad de las empresas, sino también sobre la seriedad con la que las autoridades deben asumir su función fiscalizadora. No puede ser que negocios de este nivel sigan operando sin cumplir estándares mínimos en materia de seguridad. Más allá de las multas o clausuras temporales, lo que está en juego es la confianza de los consumidores y, lo más importante, la protección de la vida humana.
Las grandes marcas no pueden seguir actuando como si estuvieran por encima de las normas. La seguridad debe ser una prioridad, no un trámite burocrático.