El Hospital de San Jacinto:
La construcción del hospital de San Jacinto, emprendida por la Municipalidad Distrital de Nepeña, representa una de las obras más necesarias y esperadas por la población de este sector, históricamente postergado en materia de infraestructura de salud. Sin embargo, lo que debería ser un proceso ordenado y respaldado por todos ha terminado envuelto en conflictos absurdos que ponen en riesgo su culminación y, con ello, el bienestar de miles de vecinos.
El problema más reciente ha tenido como epicentro un terreno que pertenece a la municipalidad, pero que desde hace años ha sido ocupado de manera informal por un grupo religioso que se resiste a desalojar el área, pese a que sobre ese espacio se ha proyectado la vía de ingreso principal al nuevo hospital. Las autoridades locales agotaron las vías del diálogo, incluso gestionaron ante la empresa Agroindustrias San Jacinto la oferta de otros terrenos saneados e, inclusive, una suma económica en compensación, pero la terquedad y la intransigencia han podido más que la razón.
El retiro violento del cerco de calaminas, el rechazo a la instalación de cámaras de seguridad y los ataques a la vivienda de la familia del alcalde Manuel Figueroa, marcan un triste precedente sobre cómo intereses particulares, disfrazados de convicciones religiosas, terminan atentando no solo contra el patrimonio público, sino contra la salud y la tranquilidad de toda una comunidad.
Aquí no se discute la fe de nadie. Lo que está en juego es la necesidad urgente de dotar a San Jacinto de una infraestructura médica que permita atender emergencias, enfermedades y salvar vidas. En ese sentido, las autoridades deben actuar con firmeza y la población debe entender que no se puede permitir que un grupo minoritario, amparado en pretextos, pretenda frenar lo que es un beneficio colectivo.
La responsabilidad de la municipalidad es clara: debe proteger el proyecto, culminarlo y garantizar que los actos de violencia no queden impunes. El Estado no puede ceder ante quienes utilizan la intimidación para defender intereses ilegítimos. Si el terreno es público y está destinado a una obra de salud, su recuperación debe ser inmediata y respaldada por todas las instancias competentes.
San Jacinto no merece seguir esperando por un hospital que está a punto de hacerse realidad. Las autoridades, la policía, la fiscalía y el propio Poder Judicial tienen el deber de actuar con celeridad para que la construcción continúe y los responsables de los actos vandálicos sean sancionados. La salud está primero. Los intereses personales, por más disfrazados de religión que estén, no pueden ni deben imponerse al bienestar de todo un pueblo.