Beneficiarios protestan:
A pesar de contar con una opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde el pasado 10 de junio de 2025, el rectorado de la Universidad Nacional del Santa (UNS) aún no concreta el nombramiento de docentes que cuentan con sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, generando profunda preocupación entre los afectados y la comunidad universitaria.
Mediante el Oficio N. 0516-2025-EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto. Público del MEF autorizó la modificación de las partidas presupuestarias de gasto de la UNS, con el fin de atender la demanda institucional generada por sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.
Asimismo, se habilitaron partidas específicas para el pago de personal nombrado y las contribuciones a ESSALUD, por un monto aprobado de S/ 17,903.00, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025. Este monto sería cubierto por el MEF para afrontar el déficit, mientras que el resto deberá ser asumido con cargo al presupuesto institucional de la universidad, indicaron docentes.
La decisión del MEF se basa en un expediente técnico y jurídico completo, que incluyó informes presupuestarios, validación del AIRHSP y la opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. El caso refiere a docentes que, por mandato judicial firme, deben ser reincorporados a sus plazas y planillas.
No obstante, ha transcurrido más de un mes desde dicha autorización y el Rectorado de la UNS no ha ejecutado el nombramiento efectivo de los docentes. Esta demora ha encendido alertas respecto al cumplimiento del estado de Derecho y a la legalidad de la administración actual
Para los docente la inacción prolongada por parte de las autoridades universitarias (casi cuatro años de duración de todo este proceso y de los sectores administrativos) obliga a formular una pregunta profunda y necesaria: ¿Qué intereses particulares o dinámicas internas están obstaculizando el cumplimiento de un mandato judicial firme en una universidad pública que debe ser ejemplo de legalidad, ética y transparencia?
El hecho de no ejecutar una orden judicial vinculante, avalada además por la opinión favorable del MEF, pone en tela de juicio la capacidad de gestión de quienes lideran la institución, y demuestra una preocupante indiferencia ante los derechos laborales de los docentes afectados. Esta demora no puede justificarse por procesos administrativos internos, cuando lo que está en juego es el respeto al “Estado de Derecho” y a la “dignidad profesional”, agregaron.
A ello se suma una inquietud mayor: el uso de los recursos directamente recaudados”, que por su naturaleza deberían destinarse a mejorar Infraestructura, servicios y oportunidades académicas para los estudiantes como los centros de producción del CEPUNS o la institución Educativa Experimental parecen estar siendo desviados a beneficios sectoriales, amparados en convenios colectivos que, lejos de ser instrumentos de equidad, se han convertido en mecanismos de distribución discrecional y abuso de poder de las autoridades.
“No se trata de que trabajen más horas, sino de que el tiempo que cumplen esté orientado a resultados concretos, con productividad y eficiencia. Lo preocupante es que, lejos de destacar mejoras, los indicadores de gestión evidencian limitaciones estructurales y una alarmante falta de interés por alcanzar objetivos reales. Esta situación termina afectando la toma de decisiones informadas por parte de las autoridades, que se ven atrapadas en la inercia y la desarticulación institucional”, dijo Bellido Valdiviezo.