POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA.
Desbocada y entrometida, podría ser la mejor definición –de momento– a Delia Espinoza. Eso sí, para precisar que no restamos los méritos profesionales y/o laborales que tiene, y que la acompañan en el quehacer cotidiano al frente del Ministerio Público. Sin embargo, preocupa la ligereza con que viene comportándose en la toma de decisiones que involucra no solo a su despacho, sino en la enorme tarea de dirigir la lucha contra la criminalidad en el país; es decir, ser titular de la acción penal, persecutor del delito.
Con poco más de nueve meses en el máximo cargo, denota desgaste; amén de incrementar casi a diario la ojeriza (o porque no decir, el encono) de varios sectores de la sociedad al involucrar en presuntos ilícitos penales a personajes políticos que curiosamente son adversarios de los que comúnmente denominamos “caviares”. La primera en su lista es, como no, Dina Boluarte. Sí, la mandataria se ha convertido, a los ojos de Espinoza Valenzuela, en la “caserita”, con cerca de 40 denuncias constitucionales, siendo varias de ellas archivadas en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por no cumplir –forma y/o fondo– con lo que dicta la Carta Política como requisitos para imputar. Aun así, insiste, y queda claro que seguirá haciéndolo. Paralelamente, se quejó con la señora Boluarte Zegarra que no fuese invitada a participar en la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo para analizar el proceso de formalización minera. Irónico, pues dos meses antes (mayo de 2025), rechazó hasta en dos oportunidades la citación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que informase sobre el asesinato de 13 personas en Pataz, uno de los lugares donde opera la minera ilegal. Luego, a su salida del Parlamento este 28 de julio, abordada por la prensa fustigó el mensaje presidencial tildándolo de “muy extenso”, puntualizando que las propuestas sobre reforma de la justicia “deben ser aterrizadas”, en evidente maltrato a la figura que representa Dina Boluarte. Y tan solo dos días atrás, fustigó al gobierno de no darle más dinero, y que con ello los están “asfixiando”. Por el amor de nuestro Señor, quien entiende a esta dama.
Pero no todo queda en denuncias. También se inmiscuye en asuntos ajenos en competencias, aunque propios en acatar. En febrero pasado, la Junta Nacional de Justicia ordenó reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. Y ahí, Delia literalmente puso el grito en el cielo, atrincherándose en la Sede Central, con funcionarios conminados voluntariamente, en una romería. Días después, con el cirio aún encendido, el Poder Judicial le hizo el milagro, y logró que Benavides Vargas fuese suspendida de todo puesto por 24 meses. Entonces, respiró tranquila, hasta que la propia judicatura (segunda instancia), le quitó la tensa sonrisa, instruyendo que regrese, esta vez como Fiscal Suprema.
Y tercamente, volvió a cargar. Esta vez aseguró que “no es seguro” el retorno de Patricia Benavides, pues tiene carpetas fiscales en trámite, aclarando que de darse el reingreso, ocuparía una Fiscalía Suprema que ve casos de corrupción de funcionarios, y eso “es preocupante”. Nuevamente, quien entiende a esta dama.
Delia olvida, probablemente de forma deliberada, que todos los servidores del Estado debemos cumplir, y hacer cumplir, la Constitución, Leyes, Reglamentos, Directivas, etc., agraden o no; máxime en su posición de “guardián de la legalidad”. Aunque la JNJ ha vuelto a conferirle plazo de un día hábil para que cumpla con la sentencia de la Corte Suprema, confiamos en que no esperará ser –por segunda ocasión– procesada administrativamente por este mismo organismo, o denunciada constitucionalmente en el Legislativo.