Era lo único que faltaba. En un país donde la inseguridad ciudadana es pan de cada día, ahora resulta que ni los puestos policiales se salvan de los robos. El balneario de Tortugas, en la provincia de Casma, ha sido testigo de un hecho insólito y vergonzoso: se han robado el tanque de agua del Puesto de Auxilio Rápido (PAR), donde todos los días dos efectivos policiales prestaban servicio. Lo increíble no es solo el robo en sí, sino el silencio sepulcral de los jefes policiales.
Este tanque no era propiedad del Estado ni adquirido por licitación alguna. Fue financiado por la propia comunidad, en un esfuerzo ciudadano posterior a la pandemia, cuando se entendió que contar con una base policial equipada era una forma de garantizar seguridad en un lugar que cada vez recibe más visitantes. El tanque de agua, marca Rotoplast, se instaló como parte de esa infraestructura básica. Pero ahora ha desaparecido y, lo que es peor, nadie da la cara.
Los jefes policiales, que deberían ser los primeros en esclarecer este hecho, guardan un silencio preocupante. No han emitido ni un comunicado, no han iniciado investigación alguna —al menos de manera visible— y, en un hecho indignante, no permitieron que se registre la denuncia formal que pretendía presentar la presidenta de la Asociación de Residentes del Balneario Tortugas. ¿Qué clase de institución es esta que ni siquiera acepta una denuncia sobre la desaparición de un bien que estaba bajo su custodia?
Los vecinos están indignados, y con razón. Este hecho no solo deja sin agua a los policías que trabajan en el PAR —en plena temporada alta, cuando más se requiere su presencia—, sino que revela un nivel de abandono institucional alarmante. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en la Policía si ni sus propios recursos están a salvo? ¿Quién protege a quién?
La situación se vuelve aún más sospechosa al saberse que desde el 7 de julio se produjo un cambio de personal en el Puesto de Auxilio Rápido. Coincidentemente, es luego de ese cambio que desaparece el tanque. ¿Casualidad? Es evidente que algo huele mal, y la falta de explicaciones solo alimenta la indignación popular.
La policía está llamada a dar el ejemplo. No puede exigir respeto, colaboración ni confianza si no responde con transparencia y responsabilidad ante hechos tan graves. Callar frente al robo de un bien donado por la población no solo es una falta de respeto, es una traición al compromiso institucional.
La comunidad de Tortugas merece una respuesta clara y rápida. El Ministerio del Interior, la Región Policial de Áncash y la propia comisaría de Casma están obligados a investigar y sancionar. Lo contrario sería avalar la impunidad dentro de sus propias filas. El robo en un puesto policial no puede pasar como si nada. Es el colmo de la desidia. Y ese colmo ya no se puede tolerar.