Los jubilados del sector salud, como los del Hospital La Caleta, representan una generación que construyó los cimientos de los servicios públicos en nuestro país. Personas que, con esfuerzo, vocación y sacrificio, dedicaron sus mejores años a servir a los demás. Hoy, ya fuera del ámbito laboral, no piden favores ni exigen privilegios: solo reclaman lo que por ley les corresponde. Lo que indigna es que, a pesar de contar con resoluciones judiciales firmes, estos ciudadanos mayores no puedan acceder a sus pagos. No hay justificación válida para tal atropello.
No cobrar lo que les pertenece por derecho es, en la práctica, una forma de abandono. Un Estado que posterga a sus jubilados también posterga sus valores más elementales. Estamos hablando de personas adultas mayores, muchas de ellas con enfermedades crónicas, ingresos limitados y múltiples necesidades. Personas que, en vez de descansar en paz y con tranquilidad, deben recurrir a marchas, oficios y denuncias para que se escuche su voz.
Es urgente recordar que la Ley N.º 30490 —Ley de la Persona Adulta Mayor— garantiza el trato digno, la igualdad y la protección prioritaria a los mayores de 60 años. Sin embargo, en la práctica, esta norma se convierte en letra muerta cuando no se respetan derechos básicos como el acceso a una pensión o al cumplimiento de sentencias judiciales. La discriminación económica que enfrentan estos jubilados es una forma cruel de marginación que agrava su vulnerabilidad.
Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos viendo a adultos mayores peregrinar por ventanillas, rogando por una respuesta que debió llegar sin necesidad de reclamos. A muchos de ellos no les sobra tiempo ni salud. Cada día que pasa sin que puedan cobrar lo que se les debe es un día más de angustia, de incertidumbre, de injusticia.
Las autoridades del sector salud, los directores de hospitales y el Ministerio de Economía tienen una deuda pendiente no solo económica, sino también ética. El cumplimiento de la ley no puede depender del cargo que uno ocupe ni del poder que aún conserve. En este país, todos deben ser iguales ante la ley, y más aún quienes ya lo dieron todo por el bienestar colectivo.
Ya es hora de que se trate a los jubilados como lo que son: ciudadanos de pleno derecho, no como una carga del sistema. Se les debe respuestas inmediatas y soluciones concretas. Lo contrario es seguir condenándolos a una vejez de precariedad y olvido.
Porque un país que no respeta a sus mayores, es un país que se ha olvidado de respetarse a sí mismo.