La última radiografía presentada por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) deja al desnudo una verdad incómoda: la gestión pública en el Perú sigue atrapada en el mismo pantano de ineficiencia que ha frenado nuestro desarrollo durante décadas. No importa si se trata del Gobierno Nacional, de los gobiernos regionales o de los municipios: el estancamiento es transversal y persistente.
A julio de 2025, cuatro de cada diez proyectos públicos no han ejecutado un solo sol. Hablamos de 21 630 obras que, sobre el papel, tienen presupuesto asignado, pero que en la práctica no han movido ni una máquina ni colocado un ladrillo. Lo grave no es solo la cifra, sino que este patrón se repite año tras año, sin que los cambios de autoridades, reformas legales o discursos de reactivación logren romperlo.
Este inmovilismo no se explica únicamente por la falta de recursos. El Presupuesto Institucional Modificado para inversión pública asciende a más de S/ 66 600 millones, pero apenas se ha ejecutado el 44 % a mitad del año. En sectores neurálgicos como Transportes, Educación, Salud o Vivienda, la historia es la misma: presupuestos millonarios que no se traducen en obras terminadas. Peor aún, mientras las carreteras, hospitales y escuelas esperan, el Estado incorpora 20 052 proyectos nuevos, muchos de los cuales terminan engrosando la lista de “papeles con foto” pero sin ejecución real.
El problema es estructural y multifactorial. Por un lado, la burocracia y tramitología convierten cada proyecto en un laberinto de permisos, licitaciones y adendas que retrasan cualquier avance. Por otro, la falta de capacidad técnica y profesionalización en la gestión de inversiones impide que las unidades ejecutoras cumplan sus cronogramas. A ello se suma la ausencia de continuidad: miles de proyectos quedan a medio construir porque los cambios de autoridades implican borrón y cuenta nueva, sacrificando lo avanzado por rivalidades políticas o intereses electorales.
El caso de proyectos emblemáticos como el Hospital Regional de Loreto o la reposición de la aeronave Antonov para la Policía es ilustrativo: obras estratégicas con presupuestos de cientos de millones de soles que no muestran ningún avance. No son excepciones, sino símbolos de un Estado que parece más cómodo anunciando que entregando.
Si no se cambia el enfoque, el Perú seguirá atrapado en un círculo vicioso: obras que comienzan en papel, presupuestos que se diluyen, comunidades que esperan y promesas que caducan. La solución no está en seguir inflando la cartera de proyectos, sino en garantizar que los existentes se concluyan, en establecer metas de ejecución vinculantes, en profesionalizar la administración pública y en aplicar sanciones efectivas a la negligencia.
Mientras no entendamos que la verdadera gestión pública se mide por resultados concretos y no por titulares de prensa, seguiremos acumulando cifras de presupuesto no ejecutado y, lo que es peor, acumulando frustración ciudadana.