En Casma, un caso indignante de negligencia y tolerancia hacia la mediocridad se ha instalado como si fuera lo más normal del mundo. Se trata de un proyecto de inversión pública cuyo final es una muestra de todo lo que no debe ocurrir en la gestión de obras. Desde su concepción se detectaron errores, advertidos en informes y constatados por la Contraloría General de la República. A pesar de estas alertas, la Municipalidad Provincial de Casma unidad ejecutora decidió recepcionar la obra en abril pasado, como si estuviera impecable.
El colegio, terminado en marzo y entregado un mes después, hoy es la prueba viviente de esa irresponsabilidad. La reciente visita de la regidora Isabel Lomparte Monteza destapó una realidad inadmisible: el plantel no cuenta con servicios básicos. Las dos motobombas nuevas, instaladas al cierre del proyecto, se han quemado y no funcionan; no hay servicio eléctrico y, para agravar la situación, cinco ambientes permanecen cerrados. Entre ellos, la biblioteca, donde las computadoras e impresoras permanecen abandonadas y condenadas al deterioro.
Para que tengan agua, todos los días llega muy temprano una cisterna de la municipalidad de Casma, para llenar los tanques y puedan tener los alumnos agua durante el día.
¿Dónde están las autoridades que deben velar por la correcta ejecución de las obras públicas? Con los informes de la Contraloría que señalan de manera precisa las observaciones, la intervención del procurador anticorrupción era obligatoria. Sin embargo, no ha ocurrido. Lo mismo se espera del Ministerio Público, llamado a investigar posibles delitos contra la administración pública. La prensa local, la semana pasada, exigió la presencia del fiscal anticorrupción, pero el silencio oficial continúa.
Lo más grave no es solo que una obra recién concluida esté inservible; es que la Municipalidad Provincial de Casma la haya recepcionado, legitimando así el incumplimiento y abriendo la puerta para que el contratista, lejos de ser sancionado, pueda seguir ejecutando proyectos con dinero público. Esa es la receta perfecta para que la corrupción y la ineficiencia se perpetúen.
Un colegio sin agua, sin luz y con ambientes cerrados es más que un desperdicio millonario; es una burla a los estudiantes, a los padres de familia y a toda la comunidad casmeña. El daño no es únicamente económico, sino también moral y social. Los equipos que deberían estar al servicio de la educación se arruinan por el abandono, y los alumnos ven frustradas sus expectativas de contar con una infraestructura digna.
Es momento de que las autoridades de todos los niveles asuman su responsabilidad. Aquí no se trata de favores ni de excusas: se trata de actuar, sancionar y garantizar que el dinero público se traduzca en obras útiles y de calidad. Casma no merece esta afrenta.