Hace ya varios meses atrás informamos sobre el proyecto de inversión para la nueva infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Carlos Salazar Romero de Nuevo Chimbote. No era un anuncio cualquiera: hablamos de una obra viabilizada por el MEF con un presupuesto monumental de S/ 114 millones 622 mil 848, que incluso recibió recursos para elaborar el expediente técnico. Sin embargo, la realidad hoy es la misma o peor que entonces: la infraestructura sigue deteriorada, y los avances del proyecto apenas se mueven.
La reciente alerta de la Contraloría no hace sino confirmar lo que se palpa a simple vista. Las instalaciones sanitarias y eléctricas no funcionan adecuadamente; aulas y servicios higiénicos están en condiciones indignas para un centro educativo de nivel superior. No se trata de un colegio rural aislado, sino de un instituto emblemático para la educación técnica de la región, con más de seis décadas de antigüedad y que, desde hace años, clama por una renovación integral.
Lo alarmante es que no estamos ante un proyecto en fase de ideas o estudios preliminares. Este es un caso de inversión ya aprobada y registrada en Invierte.pe, con contrato para la elaboración del expediente técnico y fondos devengados por más de un millón y medio de soles. Aun así, la ejecución avanza a paso de tortuga, atrapada en la maraña burocrática, la falta de supervisión o, quizás, la ausencia de voluntad política.
Esta es la historia repetida de la inversión pública en el país: procesos interminables, plazos que se dilatan sin explicación, estudios que se empolvan, y obras que llegan tarde si es que llegan a quienes más las necesitan. El resultado es devastador: infraestructura obsoleta, comunidades educativas afectadas, y un sistema que parece resignado a la ineficiencia.
¿Qué hacer para cambiar esta realidad? La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. Se necesita una reforma profunda en la gestión de proyectos públicos: plazos perentorios para cada fase, sanciones reales por incumplimientos, y equipos técnicos especializados que garanticen que el dinero transferido se traduzca en obras concretas. La transparencia debe ir acompañada de responsabilidad y resultados medibles.
El caso del Instituto Salazar Romero no debería ser solo un informe más en los archivos de la Contraloría. Debe ser un punto de quiebre que nos obligue a exigir eficiencia, porque cada día perdido prolonga la precariedad y posterga el futuro de cientos de jóvenes que merecen una educación de calidad. Si no aprendemos a ejecutar con eficiencia, la inversión pública seguirá siendo un lento camino hacia ninguna parte.