El reciente sismo de magnitud 5.5 que sacudió nuestra ciudad, no solo encendió las alarmas momentáneas, sino que volvió a recordarnos una verdad incómoda: vivimos en un territorio altamente sísmico y vulnerable y nos dejó esa imagen del pasado del terremoto del 1970. Ahora debemos agregar el informe del Ingemmet, que identifica 25 peligros geológicos en Chimbote desde arenamientos y caídas de roca hasta deslizamientos y erosión de laderas, es un diagnóstico que no puede quedar archivado en un reporte técnico más.
La lista es preocupante no solo por su extensión, sino por la naturaleza de los riesgos. La presencia de suelos susceptibles a licuefacción, laderas inestables y zonas de erosión es una combinación peligrosa cuando se suma a la alta probabilidad de nuevos sismos. Y no hablamos de eventos hipotéticos: la historia reciente del país, con desastres como el de Pisco en 2007, demuestra que la falta de prevención multiplica las pérdidas humanas y materiales.
En este contexto, las recomendaciones del Ingemmet sobre monitoreo, planificación urbana segura y participación ciudadana en simulacros deberían convertirse en acciones concretas e inmediatas. Las autoridades locales y regionales tienen la responsabilidad de incorporar estos hallazgos en sus planes de desarrollo urbano, evitando la expansión hacia zonas de alto riesgo y reforzando la infraestructura crítica.
Pero la prevención no es solo tarea de los gobiernos. La ciudadanía debe asumir un rol activo: conocer las zonas seguras, preparar mochilas de emergencia y participar en simulacros no son gestos simbólicos, sino medidas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Hoy viernes se ha convocado para el Simulacro Nacional Multipeligro, desde las tres de la tarde, por lo tanto es la ciudadanía la que esta en la obligación de participar y donde todo hogar debe tener presente la mochila de emergencia que no debe faltar en los peligros extremos.
Debemos estar concientizados que estamos en una zona altamente sísmica y por eso la prevención es un paso importante. . Chimbote tiene ahora la oportunidad y la obligación de actuar antes de que la naturaleza nos cobre, otra vez, el precio de la improvisación.
Barbadillo: El retrato de la crisis política que no toca fondo
Lo que ocurre hoy en el penal de Barbadillo pasará, sin duda, a las páginas más sombrías de la historia política peruana. Cuatro expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo comparten ahora una misma dirección penitenciaria. Dos de ellos cumplen condenas firmes por corrupción; los otros dos están bajo prisión preventiva mientras avanzan procesos judiciales que podrían significarles largas estancias tras las rejas.
Más allá de la anécdota de ver reunidos a cuatro exmandatarios, lo que esta escena simboliza es la dimensión de la crisis institucional que atravesamos desde hace décadas. No se trata de un episodio aislado ni de una casualidad desafortunada: es el resultado de un sistema político corroído por la corrupción, la improvisación y la pérdida de legitimidad de la clase dirigente.
Que un presidente termine involucrado en procesos judiciales puede considerarse una desgracia; que cuatro lo estén al mismo tiempo refleja un patrón. La cadena de escándalos, sobornos, financiamientos ilícitos y abusos de poder que han marcado las últimas gestiones ha debilitado la confianza ciudadana y ha convertido a la presidencia de la República en un cargo que, para la opinión pública, parece casi sinónimo de sospecha.
El caso peruano, además, muestra una paradoja amarga: las instituciones judiciales parecen, por un lado, más decididas a procesar a las más altas autoridades que en otros países de la región; pero, por otro, la política no ha generado liderazgos limpios y capaces de romper este ciclo. Mientras tanto, el país vive en permanente campaña, con gobiernos frágiles, congresos fragmentados y agendas públicas paralizadas por la confrontación y el cálculo electoral.
Barbadillo se ha convertido, de manera involuntaria, en el espejo más crudo de la degradación política peruana. Allí donde debería habitar el ejemplo, reside la advertencia. Y la pregunta que debería inquietarnos no es cuántos más llegarán, sino qué vamos a hacer, como sociedad y como Estado, para que la máxima magistratura deje de ser la antesala de un proceso penal.