Los hechos ocurridos en la madrugada de ayer domingo dejan en evidencia, sin lugar a dudas, que la situación de inseguridad se ha escapado de las manos de la Policía Nacional del Perú. Los asesinatos por sicariato se han vuelto recurrentes y, lo que es más grave, empiezan a instalarse como parte de la rutina de nuestra ciudad. El triple crimen perpetrado ayer en la avenida Meiggs, es la señal más clara de que nos encontramos frente a un problema incontenible.
Hace apenas unos días, en San Jacinto, dos personas fueron asesinadas cuando empezaban los trabajos de su empresa constructora, en una obra pública. Hoy la violencia cobra tres nuevas víctimas, entre ellas un delincuente y un ex policía, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas o una venganza. Estos hechos deben llevar a la reflexión y al análisis profundo de la PNP y el Ministerio Público, porque lo que está en juego es la capacidad del Estado para imponer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Nuestro Diario informó en su edición del 11 de julio sobre la captura de Efraín Eyder Huaccho Ponce, de 37 años, sindicado como integrante de la banda “Los Patecos”, vinculada al tráfico de terrenos, extorsión y narcotráfico. En aquella oportunidad fue intervenido cuando conducía una camioneta Jetour negra de placa H2Z-161. El fiscal encargado fue Rodolfo Salazar Araujo. Sin embargo, apenas treinta y cinco días después, Huaccho apareció asesinado en el mismo vehículo en el que había sido detenido. La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo quedar libre tan rápido alguien con semejante prontuario?
Lo sucedido demuestra, una vez más, que tanto la PNP como el Ministerio Público carecen de un plan eficaz. La descoordinación, la falta de seguimiento de los casos y la debilidad institucional alimentan la impunidad. Si quienes son capturados terminan regresando a las calles en cuestión de días, el mensaje que se transmite a la ciudadanía y a los delincuentes es que el sistema no funciona.
Mientras tanto, las cifras de muertes violentas siguen en aumento y no hay estrategias visibles que ofrezcan resultados. Vamos camino a convertirnos en una ciudad sin control, donde la delincuencia marca la agenda y la población queda en la indefensión. Eso es inadmisible.
El coronel Salazar aseguró el último viernes que se cuenta con logística y personal para enfrentar esta ola delictiva. Sin embargo, la realidad contradice sus palabras. La lucha contra el sicariato y el crimen organizado exige más que discursos: requiere planificación, inteligencia operativa y, sobre todo, una profunda reorganización de las instituciones responsables de nuestra seguridad. De lo contrario, seguiremos transitando por la peligrosa senda del caos.