Por: Walter Miguel Quito Revello
La justicia no solo se arrastra en el Perú: en la provincia del Santa, cojea, da tumbos y se disuelve en su propia podredumbre.
Esta semana, el Diario de Chimbote reportó que el sindicato de trabajadores de la Corte del Santa, solicitó la nulidad de la convocatoria 001-2025 para cubrir plazas como analista, asistente administrativo y perito judicial. ¿El motivo? Bases alteradas en plena postulación, perfiles cambiados a último minuto, falta de coherencia técnica, e incluso miembros del comité de selección como el gerente de la Corte y el administrador involucrados en investigaciones por corrupción
El concurso fue finalmente declarado nulo y cancelado de oficio mediante resolución administrativa, en una medida que algunos operadores judiciales locales consideraron acertada dentro del caos institucional.
La nulidad del proceso no es una victoria: es una advertencia. Esa acción confirma que el concurso estaba torcido desde el inicio, empañado por zonas oscuras y abuso de poder.
La Corte Superior del Santa, lo que debería ser una institución garante de la transparencia se convirtió en una agencia de favores. El sistema permitió que los cupos se editaran sobre la marcha, sin control real, sobre la base de intereses poco claros y con actores dudosos desde el primer paso.
Mientras esto ocurre en la Corte, el Tribunal Constitucional decide que la Policía Nacional lidere las diligencias preliminares. Pero en nuestra provincia, la Policía no es ni remotamente creíble: hay patrullas de lujo mientras los agentes mueren sin chalecos policiales, se reparten camionetas mientras se reciben coimas, y las balas vuelan libres en zonas donde deberían detenerse.
¿Con esta Policía investigando primero? Es confiar en el lobo para cuidar al rebaño. Es una broma macabra que agrava el déficit de confianza institucional.
La tragedia es que esta crisis no solo golpea los altos funcionarios. Los ciudadanos comunes, especialmente quienes enfrentan casos delicados como violencia familiar, violación o feminicidio, ya encienden velas para que el sistema no los condene sin pruebas.
En el Santa, muchos procuran demostrar que son inocentes, bajándose al fango de pruebas escasas, testigos presenciales débiles, y audiencias basadas más en percepción que en evidencia. El sistema presume culpabilidad, no inocencia. El investigado pasa a ser combatido, no escuchado.
Cuando un concurso viciado es anulado, no se corrigen los daños: solo se evitan más. ¿Y los responsables? Ni rastro. Se devuelve todo al principio, pero nadie responde. Los aspirantes legítimos quedan en el limbo; la confianza colectiva, en ruinas.
Y si a esa herida le sumamos un sistema penal que opera con prisa, miedo y compadrazgos, tenemos un ecosistema donde los poderosos se blindan y los débiles son golpeados dos veces: por el delito y por un Estado que no les da defensa.
La nulidad del concurso es un leve respiro, no una victoria. Demuestra que el sistema puede reaccionar bajo presión, pero también que ese sistema estaba podrido por dentro. Si el Poder Judicial del Santa no sanciona ejemplarmente a los responsables, no reformula los procedimientos de selección, no da transparencia real, y no devuelve legitimidad a sus actos, seguiremos viviendo en un teatro de sombras donde la justicia solo existe en apariencia. Y mientras tanto, el pueblo observa, ya sin esperanza. Porque aquí, en Chimbote, Santa y Coishco, Nepeña la justicia no es una promesa: es un grito que sigue sin ser escuchado.