El caso del Desembarcadero Artesanal Pesquero de Chimbote es una muestra clara de cómo la ineficiencia administrativa y la falta de autoridad estatal terminan por perjudicar a sectores tan sensibles como la pesca artesanal. Esta infraestructura, vital para miles de familias que dependen de la actividad pesquera, ha pasado en los últimos años por dos administraciones sucesivas de organizaciones sociales de pescadores artesanales (OSPA), ambas incapaces de conducir con transparencia y eficiencia su gestión.
Primero fue la OSPA Ferrol y luego la OSPA Isla Blanca. En ambos casos, los convenios con el Gobierno Regional de Áncash tuvieron que ser resueltos debido a múltiples incumplimientos: desde irregularidades financieras y arqueos de caja sin sustento hasta errores en planillas, adulteración de informes de mantenimiento y falta de implementación de observaciones en los planes operativos. No se trata de fallas menores, sino de un patrón de desorden y falta de transparencia que pone en riesgo el funcionamiento mismo del desembarcadero.
Sin embargo, lo más grave no está únicamente en la incapacidad de estas organizaciones, sino en la debilidad del propio Gobierno Regional, que lejos de imponer orden, se muestra incapaz de hacer cumplir sus decisiones. La resolución que pone fin al convenio con la OSPA Isla Blanca ordena la entrega de la infraestructura, pero versiones extraoficiales señalan que la administración continúa en funciones, amparada en la inacción de la Dirección Regional de Producción. ¿De qué sirve resolver un contrato si no se ejecuta la medida con autoridad?
La pesca artesanal requiere de reglas claras, transparencia y un manejo responsable de sus espacios de trabajo.
No es posible que un desembarcadero de la magnitud del de Chimbote, que concentra a un número importante de pescadores y actividades económicas, se mantenga en la incertidumbre administrativa, sujeto a improvisaciones y a gestiones que terminan en fracaso. Cada día sin una administración sólida es un día en que se deteriora la infraestructura y se afecta la confianza de los propios pescadores.
El Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Producción, tiene la obligación de aprender de estos errores. Si el modelo de gestión mediante OSPAs fracasó dos veces, no se puede seguir insistiendo en el mismo esquema. Es hora de buscar alternativas viables: administración directa con mecanismos de fiscalización rigurosos, un modelo mixto de gestión, o incluso alianzas que garanticen eficiencia y transparencia. Lo que no se puede aceptar es la inacción y la falta de autoridad.
El desembarcadero artesanal de Chimbote necesita más que administradores improvisados; requiere una política clara, firmeza institucional y un verdadero compromiso con la pesca artesanal. De lo contrario, se seguirá repitiendo la historia de la ineficiencia y del abandono.