Después de tantos sobresaltos de idas y venidas, ayer un poco más del medio día en el pleno del congreso se aprobó la primera votación del texto sustitutorio de hasta cinco proyectos de ley que tiene como objetivo garantizar la continuidad de las universidades asociativas sin fines de lucro, es decir que no tienen dueño, que no están licenciadas y que tienen problemas.
Los proyectos de ley 459, 8556, 8557, 8812 y 11288 tienen un texto sustitutorio que se elaboró en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Fue ese texto el que se debatió ayer en pleno y que finalmente se aprobó.
Según la reglamentación del congreso, esa primera votación de 43 votos a favor, 34 en contra y 16 abstenciones, tendrá una segunda oportunidad la cual se realizará en siete días calendario. Ese proyecto de ley propone establecer mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad de las universidades asociativas, en problemas.
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
Precisamente la Universidad San Pedro se encuentra en este grupo de universidades identificadas por los que elaboraron los proyectos de ley. Uno de los congresistas es Elías Varas(JP-VP-BM), quien durante su exposición en el pleno justificó el proyecto porque la universidad fue capturad por mafias.
Dio cuenta que hace muy poco se ha sentenciado al anterior rector José María Huamán y abundó en detalles de esa resolución judicial y que lógicamente perjudicó a la Universidad San Pedro.
La defensa de la propuesta, dijo Varas Meléndez, se realizó como un pedido de la juventud de Áncash. La educación superior no puede ser un privilegio, debe ser un derecho, incluso dio a conocer las cifras de los montos de las mensualidades de la Universidad San Pedro y de las otras casas de estudios que funcionan en Chimbote.
COMISIÓN TECNICA
Por su parte el congresista Segundo Montalvo Cubas (PL), presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, explicó que la propuesta establece mecanismos excepcionales para asegurar la formación de miles de estudiantes perjudicados por la denegatoria de licenciamiento.
“El objetivo es equilibrar dos principios fundamentales: el interés superior del estudiante y la preservación de la calidad educativa universitaria”, indicó.
Destacó que se creará una Comisión Técnica de Gestión Excepcional, presidida por un representante del Ministerio de Educación e integrada por docentes con grado de doctor y experiencia en gestión universitaria, así como un representante estudiantil del tercio superior.
Precisó que la iniciativa tiene carácter temporal y de excepción, pues no permite nuevos procesos de admisión ni la ampliación de la oferta académica, y mantiene la supervisión de la Sunedu. Asimismo, establece la intangibilidad del patrimonio universitario para evitar su venta o transferencia.
OTROS CONGRESISTAS
En tanto, el congresista Jorge Coayla Juárez (JP-VP-BM), autor del Proyecto de Ley 459, recordó que en el Perú la oferta pública universitaria es insuficiente, lo que llevó a que las universidades privadas asociativas se conviertan en una alternativa de justicia social. Subrayó el caso de Moquegua, donde miles de jóvenes quedaron sin acceso a educación superior tras el cierre de la Universidad José Carlos Mariátegui.
La parlamentaria Katy Ugarte Mamani (PL), autora del Proyecto de Ley 8557, enfatizó que la educación es un derecho fundamental y que muchas universidades no lograron licenciarse por problemas de gestión, pese a contar con infraestructura y recursos suficientes.
El congresista Flavio Cruz Mamani (PL) sostuvo que estas universidades son patrimonio de los pueblos y que nunca demandaron recursos del Estado, por lo que merecen una segunda oportunidad bajo un marco de reorganización.
En esa línea, Wilson Quispe Mamani (PL) advirtió que hubo criterios equivocados de la SUNEDU y pidió que se retome su Proyecto de Ley 387/2021 para establecer un plan de emergencia con reorganización integral.
El parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi (APP) resaltó que estas instituciones beneficiaron a estudiantes de bajos recursos con pensiones mínimas, por lo que merecen ser reactivadas.
También hubieron opiniones contrarias como las de las congresistas Ruth Luque, Gladis Echaiz y Patricia Juárez.