La confirmación de la presencia de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) y de otras unidades de inteligencia de la Policía Nacional en Chimbote constituye, sin duda, una medida alentadora en medio de la grave crisis de inseguridad que enfrentamos. Extorsiones, sicariato y asesinatos se han convertido en el pan de cada día en nuestra provincia, dejando a la ciudadanía atrapada en un clima de miedo y desconfianza hacia las instituciones.
Hoy, en la reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coresec), se ratificó que estas unidades estarán en la ciudad con logística y presupuesto propios. También se anunció que el Gobierno Regional instalará cámaras de videovigilancia y equipos de radiocomunicación, en un esfuerzo por modernizar la capacidad de respuesta. Todo ello suena a un plan integral que podría devolver la esperanza a una población cansada de promesas incumplidas.
Sin embargo, lo que realmente se necesita no es solo más anuncios, sino resultados concretos. La memoria de la ciudadanía es clara: todavía permanecen sin resolver casos emblemáticos como el asesinato de cinco personas en el asentamiento humano Las Quintanas de Nuevo Chimbote. Episodios de extrema violencia que, con el paso del tiempo, parecen archivarse en el olvido sin que se identifique a los responsables ni se logre justicia para las víctimas. Esa impunidad es, quizás, el mayor estímulo para que el crimen organizado continúe operando con absoluta libertad.
La llegada de la DIVIAC y de las demás unidades policiales debe significar un antes y un después. No podemos permitir que esta sea otra operación temporal, de impacto mediático, que se diluya con el tiempo y que no ataque el verdadero núcleo del problema: las redes criminales que controlan extorsiones, sicariatos y tráfico de terrenos en nuestra jurisdicción. El compromiso político expresado por las autoridades, desde el alcalde hasta el viceministro del Interior, debe traducirse en acciones sostenidas, investigaciones profundas y procesos judiciales que terminen en condenas ejemplares.
Además, es evidente que en la división policial de Chimbote el aparato de inteligencia no funciona y si a ello agregamos que hay un grupo terna y sigue ese mismo camino entonces se ha esperado que los asesinatos continúen y se agrave la situación para tomar medidas. Esperemos que sean las correctas.
Chimbote y Nuevo Chimbote no pueden seguir siendo territorios donde la ley se aplica a medias y donde los crímenes quedan sin resolver. La población exige seguridad, pero sobre todo exige justicia. La vigilancia tecnológica anunciada por el Gobierno Regional puede ser un complemento útil, siempre que vaya acompañada de inteligencia policial, presencia efectiva en las calles y coordinación fiscal.
Hoy más que nunca, la ciudadanía estará vigilante. La presencia de la DIVIAC no debe convertirse en un anuncio más, sino en el punto de quiebre para empezar a recuperar la paz perdida.