Por: Walter Miguel Quito Revello
En la provincia del Santa y en Nepeña la sangre corre como el agua por las acequias. Cada semana hay un asesinato, un ataque sicarial o una extorsión frustrada que termina con un cuerpo en el pavimento. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, solo en el 2024 la provincia del Santa registró más de 170 asesinatos por encargo, la mayoría vinculados a extorsiones y disputas por cobros de cupos en construcción civil, transporte y negocios locales. En lo que va del 2025, el promedio se mantiene en un homicidio cada dos días en la región Áncash, con el Santa y Nepeña como epicentro de la violencia.
Frente a este panorama, la respuesta estatal parece un libreto de mala comedia. Primero, cuando empezaron las primeras olas de muertes, salían los comisarios con declaraciones de ocasión: “ya tenemos identificados a los responsables”. Después, cuando la cifra escaló, apareció el jefe de la Región Policial de Chimbote. Ahora, ante la persistencia de los crímenes, llegó el mismísimo general de Áncash, Eloy Farfán, a prometer que “combatirá la delincuencia con mano firme”. Si seguimos así, mañana hablará el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y cuando todo siga igual, solo faltará pedir la intervención de los cascos azules de la ONU para que patrullen Chimbote como si fuera Beirut.
Cada jerarca policial repite la misma cantaleta: “vamos a combatir la delincuencia”. El problema es que el verbo “combatir” se reduce a operativos mediáticos, conferencias de prensa y la presentación de tres delincuentes de poca monta esposados ante cámaras. No hay estrategia preventiva, no hay inteligencia criminal sostenida, no hay identificación de las redes que financian y alimentan a las bandas.
Lo único que tenemos es un ciclo absurdo: policías dicen que capturaron a un cabecilla, la fiscalía dice que lo sentenciaron, y al día siguiente los asesinatos continúan porque nunca se tocó la raíz del problema.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede la policía combatir la delincuencia si está metida hasta el cuello en ella? En Chimbote, tres efectivos fueron detenidos en 2024 por extorsionar a un conductor y alterar un acta policial para liberar un auto robado. En Huaraz, ese mismo año, dos policías eran investigados por alquilar su arma a una banda de extorsionadores. En 2025, dos suboficiales fueron capturados en Pariacoto trasladando más de 90 kilos de marihuana desde Huánuco hacia Chimbote. Y podríamos seguir con la lista: comisarios implicados en cobros a bares y discotecas, oficiales en bandas de tráfico de terrenos, policías en Patáz vinculados a sicariato. No se trata de “manzanas podridas”: es la estructura la que está carcomida.
Porque la corrupción empieza desde abajo: el policía que paga por un puesto en tránsito para recaudar coimas, el que compra su traslado a carreteras porque sabe que ahí circula la mercadería ilegal, el comisario que paga por su cargo porque luego lo “recupera” cobrando cupos. Esa lógica perversa institucionaliza la criminalidad dentro de la propia policía. Y esos mismos efectivos, después, terminan convertidos en parte de las redes de extorsión o narcotráfico que supuestamente deberían desmantelar.
Como si el panorama no fuese lo suficientemente oscuro, el Tribunal Constitucional ha decidido otorgar a la PNP el poder de conducir diligencias preliminares. ¿Cómo confiar en que los mismos policías que cobran cupos, trasladan droga o disparan como sicarios van a investigar con objetividad? La ironía es sangrante: el TC, en vez de exigir una depuración profunda de la institución, le entrega más poder a quienes muchas veces son parte del problema.
La criminalidad en el Santa y en Nepeña seguirá sumando cadáveres mientras todo se reduzca a discursos y shows mediáticos. Los generales van y vienen, los titulares se repiten, y la población queda atrapada entre la extorsión, el sicariato y una policía que inspira más miedo que confianza. a única salida sería un trabajo preventivo real: depuración interna de la PNP, control migratorio efectivo, inteligencia criminal seria y una fiscalía que no sea un apéndice del poder político ni policial. Pero nada de eso está en el horizonte inmediato. Por ahora, solo nos queda esperar la próxima rueda de prensa, esta vez quizá con el jefe del Comando Conjunto, y después con los cascos azules desfilando por Chimbote. La delincuencia se ríe. Y nosotros lloramos.