Hospital de Huarmey:
El Hospital de Huarmey, devastado por el Niño Costero del 2017, debió ser un símbolo de la reconstrucción con visión de futuro. Sin embargo, se ha convertido en un espejo de las ineficiencias de la inversión pública en el Perú: interminables adendas, sobrecostos que multiplican el presupuesto original y plazos que se dilatan más allá de lo razonable.
Un año después del desastre, el 17 de setiembre de 2018, el Ministerio de Salud (MINSA) suscribió con la Compañía Minera Antamina S.A. un convenio bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). El acuerdo contemplaba la elaboración del expediente técnico, la ejecución, supervisión y mantenimiento de la obra por S/ 92,3 millones, con un plazo de 720 días calendario. La ejecución quedó en manos de la empresa COSAPI S.A.
Lo que parecía una ruta directa hacia la reconstrucción pronto se convirtió en un laberinto burocrático. En mayo del 2021, el MINSA aprobó el expediente técnico, pero con un presupuesto casi duplicado: S/ 188,4 millones y un plazo de 630 días. A partir de allí, el proyecto se atascó en una sucesión de adendas y renegociaciones. Entre 2021 y 2024 se firmaron cinco adendas, que incrementaron el costo hasta S/ 219,8 millones y extendieron el plazo a 1 320 días.
El cronograma original establecía que la obra debía culminar en abril del 2023, pero a agosto de 2025 la Contraloría General de la República reporta que el avance físico apenas llega al 85,7 %. En el camino, se acumularon 14 solicitudes de mayores trabajos, 2 deductivos en arbitraje, 14 ampliaciones de plazo (casi todas denegadas) y hasta 17 intentos de trato directo entre Antamina y el PRONIS, la mayoría sin éxito. El resultado: más tiempo, más dinero y menos confianza en el modelo de gestión.
En lo financiero, el costo actualizado asciende ya a S/ 223,2 millones, mientras que el devengado supera los S/ 194 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido 14 Certificados de Inversión Pública a favor de Antamina por S/ 181,3 millones, aunque aún se gestionan pagos adicionales. La historia de un hospital que pudo estar listo en menos de tres años ya lleva siete años en espera.
Este caso deja lecciones importantes. Primero, que la modalidad de Obras por Impuestos, que en teoría debía acelerar la ejecución, ha derivado en sobrecostos desmedidos y plazos excesivos, lo que cuestiona su eficacia cuando no hay controles firmes del Estado. Segundo, que la maraña de adendas, arbitrajes y ampliaciones confirma lo enrevesado de nuestro marco normativo, que termina complicando la inversión en lugar de facilitarla. Y tercero, que la pandemia, si bien fue un factor disruptivo, no justifica por sí sola siete años de retrasos en una obra tan necesaria.
El Hospital de Huarmey está cerca de su culminación, pero su historia refleja un problema mayor: la incapacidad del Estado peruano para garantizar que la inversión pública sea rápida, transparente y eficaz. Si no se corrigen estos vacíos, seguiremos viendo hospitales inconclusos, colegios abandonados y carreteras a medio hacer, mientras las comunidades siguen esperando lo que les corresponde por derecho: servicios públicos de calidad y en plazos razonables.
El desafío, entonces, es convertir este caso en un punto de quiebre. No basta con inaugurar el hospital; es necesario reformar los mecanismos de inversión pública para que la salud y la vida de miles de peruanos no dependan de interminables papeles, adendas y arbitrajes, sino de una gestión que cumpla lo que promete.