La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) fue concebida como un organismo ágil, capaz de ejecutar proyectos los de mayor envergadura con rapidez y eficiencia, especialmente aquellos relacionados con la prevención de desastres naturales. Sin embargo, la reciente paralización de obras estratégicas, entre ellas las defensas ribereñas de los ríos Casma, Huarmey y Lacramarca, demuestra que la institución atraviesa serios aprietos y que su promesa de eficiencia se desvanece en medio de la falta de transparencia y de un financiamiento insuficiente.
Lo más preocupante es que no existe una explicación clara de fondo sobre por qué los recursos se agotaron a mitad de año. La ANIN recibió un presupuesto de S/ 3,000 millones para el 2025, monto que representa un recorte de 40% respecto a lo ejecutado el 2024 y que equivale apenas a la mitad de lo solicitado. Con tales limitaciones, era evidente que la continuidad de los proyectos estaba en riesgo, pero las autoridades prefirieron guardar silencio hasta que las obras quedaron suspendidas. Esta falta de previsión y comunicación erosiona la confianza ciudadana y deja en el aire interrogantes que el Estado no puede evadir.
En este escenario, la voz del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) resulta fundamental. Su Decano Nacional, Jaime Antonio Ruiz Béjar, ha advertido que las paralizaciones no solo generan sobrecostos de entre 90 y 100 millones de soles por retiro y reinstalación de campamentos, sino que además ponen en riesgo más de 25 mil puestos de trabajo y comprometen la estabilidad de numerosas micro y pequeñas empresas proveedoras. En otras palabras, lo que se presenta como un problema presupuestal es en realidad un golpe social, laboral y económico de enormes proporciones.
El CIP también advierte que los recursos adicionales prometidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) serán insuficientes. Con obras que ya presentan avances de 90%, 97% e incluso 98%, detenerlas es un contrasentido que raya en lo irresponsable. Cada día de parálisis no solo implica pérdidas financieras, sino también el riesgo de que nuevas lluvias destruyan lo ya invertido, lo que equivaldría a desperdiciar entre 200 y 400 millones de soles del presupuesto nacional.
Lo paradójico es que, mientras se anuncia con entusiasmo la existencia de una entidad como la ANIN para agilizar la reconstrucción y la prevención, se le estrangula financieramente, condenándola a la ineficiencia. La política pública en infraestructura parece atrapada en un círculo vicioso: se crean organismos para superar la burocracia, pero luego se les niegan los recursos suficientes para cumplir su misión.
La situación exige una reacción inmediata del Ejecutivo. No se trata de un simple ajuste contable, sino de garantizar la seguridad de miles de familias que viven expuestas a los desbordes de ríos que ya han demostrado su capacidad destructiva. Continuar con esta parálisis es condenar a Casma, Huarmey, Lacramarca y otras ciudades del norte a revivir la tragedia de cada temporada de lluvias, cuando el agua arrasa con viviendas, cultivos y carreteras, mientras los expedientes duermen en los escritorios ministeriales.
El Estado debe actuar con decisión: reasignar saldos no ejecutados, establecer un cronograma serio de pagos y crear un fondo de continuidad para obras avanzadas. La prevención no puede esperar ni ser víctima de recortes. El costo de la inacción será, como siempre, pagado por las poblaciones más vulnerables. Y eso, simplemente, el país no lo puede permitir.