El 17 de febrero pasado expresamos la gran desilusión que generó el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la carretera Santa – Chuquicara. En lugar de una nueva vía, moderna y renovada como muchos esperaban, lo que se contrató fue un mantenimiento periódico a cargo del Consorcio Vial Chuquicara, por un monto superior a los 60 millones de soles. La indignación era comprensible: la carretera no necesita parches, sino una reconstrucción integral en tramos como Santa – Vinzos, donde la carpeta asfáltica ha colapsado.
Hoy, varias semanas después, la situación es todavía más preocupante. Según lo informado por el alcalde del distrito de Santa, Alex Motta Borjas, la ejecución ni siquiera ha comenzado. El proyecto permanece en su primera fase, limitada a la elaboración del diseño del programa de trabajo. Es decir, lo que parecía inminente aún no se traduce en obras sobre la vía, y los usuarios siguen enfrentando a diario las dificultades de una carretera deteriorada, insegura y con tramos prácticamente intransitables.
El alcalde ha señalado que viaja constantemente a Lima para exigir avances y verificar plazos, lo cual es positivo. Sin embargo, no debería ser responsabilidad de un burgomaestre andar detrás de las unidades ejecutoras para que cumplan lo que por contrato ya están obligadas a realizar. Hablamos de una ruta nacional estratégica (PE-12), que es de entera responsabilidad del MTC, que no solo conecta al Callejón de Huaylas, sino que sostiene el comercio agrícola, pesquero, minero y turístico de gran parte de Áncash.
La experiencia con los contratos de mantenimiento del MTC en nuestra región no es alentadora. Ahí están los ejemplos de la longitudinal de los Conchucos(contrato de mantenimiento anulado) o la Casma – Huaraz, donde empresas contratistas solo cumplen a medias, pasan la cuchilla y desaparecen cuando llegan las lluvias. En varios casos, incluso, se han rescindido contratos por incumplimientos flagrantes, generando pérdidas de tiempo, recursos y, sobre todo, la paciencia de los ciudadanos.
En este contexto, surgen preguntas inevitables: ¿cuánto más tendrá que esperar la población para que se vea maquinaria y personal trabajando en la carretera Santa – Chuquicara? ¿Qué garantías existen de que este mantenimiento no se convierta en un simple maquillaje, con pintura de señales, colocación de ojos de gato y algunos muros de contención? ¿Quién vigilará que los recursos invertidos respondan a una verdadera mejora de la transitabilidad y no a un gasto efímero?
Las autoridades locales, como el alcalde Motta Borjas, cumplen un papel importante al presionar y supervisar, pero la responsabilidad mayor recae en el MTC y Provías Nacional, que deben garantizar no solo el inicio, sino también la calidad y el cumplimiento de lo comprometido. Áncash no puede seguir tolerando proyectos incompletos o a medio hacer, porque cada demora y cada deficiencia tienen un costo directo en la economía regional y en la seguridad de miles de transportistas y pasajeros.
La carretera Santa – Chuquicara es la puerta de ingreso al Callejón de Huaylas, una vía fundamental para el turismo y el traslado de productos agrícolas, pesqueros e industriales. Su deterioro constante es un símbolo de cómo las grandes inversiones anunciadas en Lima se traducen en obras insuficientes o tardías en la realidad regional.
Por eso, insistimos: no basta con hablar de fases de diseño ni con firmar contratos millonarios. La ciudadanía exige plazos claros, transparencia en cada etapa y, sobre todo, resultados tangibles. Si el MTC quiere recuperar credibilidad, debe garantizar que este mantenimiento sea real, profundo y oportuno. De lo contrario, volveremos a constatar que los millones se pierden en promesas incumplidas, mientras las carreteras de Áncash siguen siendo un obstáculo en lugar de una vía de desarrollo.