- Serían más de 10 las personas agraviadas que creyeron en la abogada Sheilla Benites y le confiaron su dinero para un negocio de compra de casas vía remate judicial que luego las vendería.
Cara a cara se vieron en la Subprefectura de Chimbote dos trabajadoras judiciales frente a una ex compañera de labores a la que acusan de haberlas estafado con fuertes sumas de dinero que le entregaron para un negocio inmobiliario del cual no han obtenido beneficio y no les devuelve su dinero a pesar de los reiterativo pedidos.
Las dos servidoras de la Corte Superior de Justicia del Santa dijeron a través de su abogada Rocío Acosta Saavedra que la ex trabajadora judicial Sheilla Benites recibió de una de sus patrocinadas 20 mil dólares y de la otra 60 mil dólares para la compra de viviendas vía remate judicial que luego los remodelaria y vendería a precio mayor.
Sin embargo, las trabajadoras judiciales nunca han obtenido los beneficios de dicho negocio desconociendo las razones por lo que exigieron la devolución de su dinero a Sheila Benites que hasta la fecha no lo cumple.
Ante ello y al verse prácticamente estafadas plantearon demandas de obligación de dar suma de dinero con la esperanza de recuperar su plata. En estas demandas plantearon recursos de medidas cautelares, sin embargo, pero la demandada no tiene bienes escritos a su nombre que se le pueda embargar, agregó la abogada Rocío Acosta.
Este hecho indignó mucho más a las agraviadas que han tenido que recurrir a hacer el cobro de manera personal, pero los resultados siempre han sido infructuosos.
Esas cobranzas personales han sido, según dijo la ex trabajadora judicial, en la calle con hostigamiento llamándola estafadora y amenazas desde el mes de diciembre pasado por lo que decidió plantear un pedido de garantías ante la Subprefectura de Chimbote donde ayer se llevó a cabo la respectiva audiencia del caso.
Sobre el dinero entregado a su persona y que es reclamado por las dos trabajadoras judiciales, Sheilla Benites contestó que «ellas ya están pagadas. Ya está incluso judicializado y habido descuento, pero ellas siguen hostigando», dijo.
Respecto de esta respuesta consultamos a la abogada Acosta Saavedra quien dijo que no es así. Con respecto del pedido de garantías respondió que sus patrocinadas entienden que se trata de acciones para evadir su responsabilidad de la devolución del dinero. (Poder Público – Perú)