Con el paso de los días, el caso de la Universidad San Pedro ha alcanzado una dimensión diferente a la local, al trasladarse hasta el Congreso de la República. Allí se encuentra pendiente de una segunda votación un proyecto de ley que plantea mecanismos de protección para universidades asociativas sin fines de lucro que han perdido su licencia y enfrentan serias dificultades. Dentro de ese marco encaja plenamente la Universidad San Pedro, razón por la cual un sindicato, egresados, alumnos y ex trabajadores se han movilizado con fuerza para respaldar esta iniciativa, considerada como la única vía de rescate para una casa de estudios que perdió el rumbo desde que no fue licenciada.
Aunque fueron hasta cuatro los congresistas que en su momento sustentaron proyectos relacionados —los cuales finalmente se unificaron en una sola propuesta—, tras la votación del 21 de agosto el congresista César Revilla, de Fuerza Popular, presentó una reconsideración. Esa reconsideración deberá resolverse en el pleno antes de la segunda votación definitiva. Todo indica que Revilla ha mantenido su postura, de modo que habrá una nueva decisión parlamentaria sobre su pedido, lo cual mantiene en expectativa a los seguidores de la universidad.
Mientras tanto, el grupo de apoyo conformado por egresados, alumnos, sindicalistas y ex trabajadores ha trabajado intensamente en los pasillos del Congreso durante la semana pasada, buscando explicar a los legisladores los alcances del proyecto. Ese colectivo se muestra optimista, pues afirma haber sumado adhesiones suficientes para superar la reconsideración de Revilla y asegurar que, en la segunda votación, los resultados sean favorables.
En paralelo, en el ámbito judicial, un juzgado laboral emitió una resolución de primera instancia que ordena la reposición de cinco trabajadores despedidos por el actual rector, Javier Ulloa Siccha. Este hecho no es menor, pues evidencia nuevamente la gestión conflictiva de Ulloa, señalado por muchos como principal responsable de la crisis. Su insistencia en la validez del estatuto del 2018 —cuando este no contaba con inscripción en SUNARP—, alentada por un cuestionado asesor legal, terminó por hundir a la universidad en un laberinto jurídico. Las consecutivas observaciones de SUNARP, sumadas a una contundente opinión en segunda instancia, terminaron por clausurar cualquier salida legal, dejando a la institución en un punto crítico.
Por todo ello, las esperanzas están puestas en el Congreso y en la aprobación del proyecto de ley para universidades asociativas. No se trata de una medida que beneficie a decenas de instituciones, pero sí de una respuesta necesaria para aquellas pocas —como San Pedro— que aún conservan un espíritu institucional y requieren un “salvataje” que les permita reestructurarse, enfrentar el licenciamiento con seriedad y, sobre todo, con nuevas autoridades capaces de estar a la altura del desafío.
La Universidad San Pedro tocó fondo por malas decisiones internas, pero no todo está perdido. El Congreso tiene la posibilidad de abrir una ventana de oportunidad que devuelva esperanza a miles de estudiantes y egresados que no deben cargar con los errores de quienes dirigieron de manera irresponsable su universidad.