El distrito de Tauca, en la provincia de Pallasca, sigue esperando la construcción del colegio Santo Domingo de Guzmán, cuya infraestructura y obra empezó hace más de siete años y que hasta hoy continúa en el abandono. Desde el 2018, cuando se aprobó el expediente técnico en el Gobierno Regional de Áncash, la historia de esta obra ha estado marcada por la improvisación, la mala gestión y, lo que es peor, por la corrupción.
En el 2020, la construcción quedó paralizada y los estudiantes quedaron a la deriva. Lo que debía ser un espacio digno para la educación se convirtió en un monumento a la desidia. La Contraloría General de la República, mediante el Informe de Auditoría N.° 088-2024-2-5332-AC, no solo confirmó las irregularidades, sino que recomendó denuncias penales contra once ex funcionarios regionales. Ahora corresponde al Ministerio Público actuar con firmeza para que estos actos no queden en la impunidad. La justicia debe dar una señal clara: no se puede jugar con el futuro de los niños.
Mientras tanto, la realidad de Tauca es dolorosa. Los escolares reciben clases en un local improvisado, con techo de calamina y condiciones mínimas que ponen en riesgo su seguridad y su aprendizaje. Para mitigar la precariedad, los propios padres de familia, organizados en un comité de apoyo, han tenido que recaudar fondos para comprar materiales, pintar las aulas y cerrar puertas. Lo que debería hacer el Estado lo asumen, con esfuerzo y sacrificio, las familias.
En medio de este panorama surge una nueva promesa: el gobernador regional Koki Noriega ha asegurado que la continuidad de la obra ya está contemplada en su gestión y que el colegio será construido. Sin embargo, los padres de familia y la comunidad educativa de Tauca reciben esta noticia con cautela. No es para menos: dos gestiones anteriores prometieron lo mismo y no cumplieron. La confianza está quebrada, y solo los hechos podrán recuperarla.
El caso del colegio de Tauca no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo la corrupción y la ineficiencia afectan directamente a la educación, el derecho más esencial para garantizar un mejor futuro. Siete años perdidos para cientos de niños son una herida profunda en la memoria colectiva del distrito.
Es momento de que el actual gobierno regional actúe con responsabilidad y demuestre que no todo está condenado al abandono. Retomar y culminar la obra no es un favor, es una obligación con la niñez y la ciudadanía. Al mismo tiempo, la justicia debe sancionar a quienes traicionaron la confianza pública y dejaron en ruinas lo que debió ser un centro de aprendizaje.
Tauca no pide lujos, pide dignidad. Los padres no claman por privilegios, exigen un colegio donde sus hijos puedan estudiar sin miedo, sin precariedades y con la esperanza de que la educación sea, verdaderamente, la palanca del desarrollo. La historia de promesas incumplidas debe terminar, y la nueva infraestructura del colegio Santo Domingo de Guzmán debe levantarse como símbolo de que la región puede y debe cambiar.