- Para Yuli Rodríguez Pajuelo la libertad que el Poder Judicial ha dispuesto para un sujeto y dos mujeres que fueron detenidos por delito de extorsión la expone el peligro ella y a su familia.
- Agraviada cuestionó la decisión del juez suplente de flagrancia Andrés Vargas Celis que resolvió declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por Fiscalía.
El juez unipersonal de flagrancia de la Corte del Santa, Andrés Vargas Celis, declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía contra una anciana de 72 años y sus tres familiares, investigados por la presunta comisión del delito de extorsión agravada en grado de tentativa.
En audiencia, el magistrado rechazó en primer término el pedido de incoación de proceso inmediato, disponiendo que la investigación se realice en la vía común con el fin de reunir mayores elementos de convicción.
Posteriormente, también desestimó el requerimiento de prisión preventiva de seis meses presentado por el Ministerio Público.
Con esta decisión, Gloria Isabel Rodríguez Sánchez (50), Rosa Sánchez Polo (72), Nerry Jesús Mercedes Méndez (29) y Rosita Emilia Rodríguez Rodríguez (24), esta última residente en Chile, afrontarán la investigación en libertad mientras continúan las diligencias fiscales.
Según la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, los hechos se iniciaron el 28 de agosto del 2025, cuando desconocidos dejaron en la puerta de una vivienda en la urbanización Bellamar una bolsa que contenía un manuscrito con un número telefónico y un artefacto explosivo tipo dinamita.
Esa misma noche, la fachada de la casa fue atacada con disparos, acompañados de nuevas amenazas. Días después, la agraviada comenzó a recibir mensajes extorsivos vía WhatsApp, en los que le exigían el pago de S/ 20,000 y luego S/ 10,000, bajo amenaza de atentar contra sus hijos.
El 7 de septiembre, los extorsionadores enviaron un video en el que se observaban disparos contra la vivienda de la víctima, así como fotografías personales extraídas de su cuenta de Facebook, con el objetivo de aumentar la intimidación.
Finalmente, aceptaron recibir S/ 3,000, dinero que previamente había sido fotocopiado por la Policía como parte del operativo y entregado a los detenidos.