La Beneficencia de Chimbote decidió ejecutar por administración directa la construcción de 684 nichos en el cementerio “Divino Maestro”, lo que, según su presidente del directorio, significa un ahorro superior al 50 % en comparación con el costo que tendría contratar a una empresa constructora. Esta modalidad, que permitirá culminar el pabellón “Apóstol Santiago” en octubre próximo, ha sido recibida con entusiasmo por las autoridades de dicha entidad.
Sin embargo, más allá de la justificada satisfacción por el ahorro de recursos y la generación de empleo local, no se puede perder de vista que la ejecución de obras por administración directa no es una decisión que se deba tomar únicamente sobre la base de la conveniencia económica. La Resolución de Contraloría N° 195–88–CG establece una serie de requisitos exigentes para este tipo de obras: contar con expedientes técnicos completos, presupuestos debidamente aprobados, supervisión y control permanente, así como garantías de transparencia en la adquisición de materiales y contratación de personal.
Si estos requisitos no se cumplen de manera estricta, se corre el riesgo de tergiversar el verdadero objetivo de la administración directa, que no es simplemente abaratar costos, sino asegurar eficiencia, calidad y legalidad en la ejecución de las obras. De lo contrario, el ahorro podría convertirse en una falsa economía que termine generando problemas de control posterior, observaciones de la Contraloría e incluso responsabilidades administrativas o penales.
El entusiasmo expresado por el presidente del directorio de la Beneficencia es entendible, pero debe ir acompañado de prudencia y compromiso con la normativa. La transparencia en la gestión, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los procedimientos son tan importantes como el ahorro que se pueda obtener. La ciudadanía espera que este pabellón de nichos no solo sea una obra económica, sino también un ejemplo de buena administración pública.
En tiempos donde los recursos son escasos y la desconfianza hacia las instituciones es alta, es fundamental demostrar que el ahorro no se logra a costa de la calidad ni del respeto por la ley. El verdadero éxito de esta obra no será solo inaugurarla en octubre, sino hacerlo con la certeza de que todo el proceso se ha desarrollado conforme a las normas que garantizan transparencia y buen uso de los fondos públicos.
Para que la transparencia sea efectiva deberá entonces intervenir la Contraloría General de la República y verifique si hay de por medio el cumplimiento de aquella resolución que reglamenta este tipo de obras por administración directa. No debemos olvidar que hace muy poco en una resolución judicial de embargo contra un ex alcalde se mencionó esta resolución del órgano de control e ingreso en ese expediente como fundamento de prueba, en el proceso judicial que se le sigue a dicha ex autoridad.