La fortaleza de la economía peruana en las últimas décadas se ha sustentado, en gran medida, en su prudencia fiscal. Gracias a ella, el país pudo resistir crisis externas, financiar políticas contracíclicas en épocas de recesión y mantener la confianza de inversionistas y organismos internacionales. Sin embargo, en los últimos años esa disciplina ha comenzado a ceder, y el 2025 vuelve a ser un año en el que el Estado no logra cumplir con la meta de déficit fiscal.
Según las últimas proyecciones del IPE, el déficit cerraría el año en 2.5% del PBI, superando la meta de 2.2% establecida en la regla fiscal. A primera vista, la cifra podría parecer manejable, especialmente en comparación con otros países de la región que muestran desequilibrios fiscales mucho mayores. Sin embargo, el problema de fondo no está en el número aislado, sino en la tendencia: desde 2023, el país viene acumulando tres años consecutivos de incumplimiento de la regla, lo que erosiona su credibilidad fiscal y deja un panorama más incierto para el futuro.
Una parte importante de la reducción del déficit en 2025 no responde a un ajuste estructural, sino a ingresos extraordinarios y no recurrentes, como la regularización del impuesto a la renta, las transferencias de utilidades de empresas públicas y pagos excepcionales a la SUNAT. Esto significa que, al disiparse estos factores, la situación fiscal podría volver a deteriorarse si no se adoptan medidas de consolidación serias y sostenibles.
La rigidez del gasto público es un obstáculo que agrava el problema. El presupuesto en remuneraciones ha crecido de manera acelerada en los últimos años, lo que limita la capacidad de recorte en otros rubros sin afectar la prestación de servicios esenciales. A ello se suma la presión que ejerce el contexto político, donde se anuncian nuevos incrementos salariales y se abren expectativas de mayores transferencias a gobiernos subnacionales en vísperas de elecciones generales en 2026.
El peligro de mantener esta inercia es evidente: si el déficit sigue sin corregirse, el Perú podría enfrentar un incremento en el costo de financiamiento de su deuda, pérdida de calificación crediticia y menor espacio para reaccionar ante crisis internas o externas. En un país tan expuesto a shocks climáticos, sociales y de precios internacionales, esta es una vulnerabilidad que no debería subestimarse.
El desafío es claro. El gobierno de turno debe empezar a ejecutar un plan de consolidación fiscal creíble, que combine mayor eficiencia en el gasto público con mejoras en la recaudación tributaria. No se trata solo de cumplir con un indicador, sino de proteger la estabilidad macroeconómica, que es el principal activo que sostiene el crecimiento de largo plazo.
El 2025 no puede ser otro año perdido en materia de responsabilidad fiscal. Posponer el ajuste significará trasladar un problema más grande al próximo gobierno, que deberá enfrentar un margen de maniobra aún más reducido y mayores presiones sociales. Actuar ahora es la mejor garantía para preservar la confianza en la economía peruana y evitar que el país vuelva a ciclos de inestabilidad que ya creíamos superados.