Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Comparto un mensaje claro y sin rodeos: en diversos distritos se está desnaturalizando el principio de neutralidad. Alcaldes utilizan bienes, presupuestos y personal municipal como si fuesen extensiones de su campaña. Se movilizan vehículos oficiales, se reasigna personal en horario de trabajo para tareas proselitistas, se convierten cuentas institucionales en altavoces partidarios y se pintan calles, paneles y locales con los colores de una agrupación. He recibido, incluso, testimonios de uso de recursos públicos para apuntalar la candidatura de familiares la esposa del alcalde, por ejemplo. Todo ello viola la neutralidad, socava la igualdad de condiciones y quiebra la confianza ciudadana.
La regla es sencilla y obligatoria: quien ejerce autoridad no puede hacer proselitismo a favor ni en contra de ningún candidato u organización ni puede instrumentalizar bienes, presupuestos o personal del Estado para fines electorales. Condicionar beneficios de programas municipales a la participación en actividades políticas, movilizar servidores o disfrazar propaganda bajo eventos “cívicos” también vulnera la neutralidad.
En esta última categoría preocupa la creciente promoción municipal de marchas y campañas supuestamente neutras “por la papa”, “por la paz”, “por el día del sándwich de chicharrón” y similares organizadas con recursos públicos, logística oficial y presencia protagónica del alcalde: aunque no mencionen un nombre propio, constituyen propaganda encubierta que perfila a un potencial candidato, normaliza sus símbolos y otorga una ventaja indebida financiada por todos.
Para evitar ambigüedades, preciso el caso de alcaldes que coaccionan a la población para asistir a eventos municipales de carácter proselitista o a marchas con el mismo propósito. Hablamos de “convocatorias” cursadas desde oficinas municipales con carácter obligatorio; uso de listas de asistencia y pases de control para empleados y locadores; amenazas directas o veladas a beneficiarios de programas sociales y servicios municipales “si no va, se le retira el empadronamiento”, “si no apoya, no habrá cupo”; traslado en buses municipales y con combustible de la entidad; horarios de trabajo redestinados a participar en concentraciones políticas; exigencia de portar indumentaria o colores identificados con una opción; y uso de megafonía, escenarios y logística institucional para enmarcar actos partidarios como “actividades cívicas”. Esa conducta no solo infringe la neutralidad: interfiere en la libertad del votante, distorsiona la competencia y afecta el núcleo mismo de la democracia, porque convierte al Estado local en aparato de presión electoral.
Estas conductas no son faltas menores. Activan responsabilidad administrativa y multas, además de posibles responsabilidades penales (por ejemplo, peculado de uso y abuso de autoridad), porque las denuncias se remiten al Ministerio Público y a la Contraloría para las acciones que correspondan. El patrimonio público no es botín de campaña.
La ciudadanía cuenta hoy con canales eficaces. Las denuncias pueden presentarse en línea, de manera sencilla y desde cualquier lugar del país, adjuntando fotos, videos y documentos que fortalezcan la evidencia (oficios, capturas de convocatorias, registros de vehículos, publicaciones institucionales y similares). La trazabilidad digital acelera la verificación y reduce la impunidad.
Conviene además fijar un criterio claro de afectación a la democracia cuando se incumple la neutralidad.
La gravedad se mide por el nivel de desigualdad que se introduce en la competencia (uso de recursos públicos para amplificar a una opción), por el grado de interferencia en la libertad del votante (coacción, condicionamiento de beneficios), por el deterioro institucional que provoca (desvío de finalidades, captura de canales oficiales), por la magnitud y reiteración de la conducta (alcance geográfico, frecuencia, cercanía a la jornada electoral) y por la posición del infractor (cuanto mayor poder, mayor daño). A mayor afectación en estas dimensiones, mayor urgencia y severidad en la respuesta sancionadora. No es solo un problema de “formas”; distorsiona la voluntad popular, desalienta la participación y vulnera la legitimidad de origen de las autoridades electas.
Corresponde exigir el cese inmediato de toda utilización político–electoral de recursos municipales y de la propaganda encubierta. Cada caso debe documentarse y denunciarse con evidencia sólida por los canales en línea, y las autoridades competentes concejos municipales, Contraloría y Ministerio Público deben actuar con oportunidad. De manera particular, el Jurado Nacional de Elecciones, como ente fiscalizador del sistema electoral, debe cumplir su tarea con eficiencia y eficacia: plazos breves, decisiones consistentes y ejecución oportuna de medidas correctivas y sanciones. Esa es su obligación frente a la ley y frente a la ciudadanía.
La neutralidad no favorece a un partido: protege el derecho de todos a competir en cancha pareja y el derecho de cada vecino a que sus impuestos financien servicios, no campañas. Gobernar es servir; hacer campaña es otra cosa. Cuando se mezclan los planos hay abuso. Y el abuso, en un Estado de derecho, se sanciona.